Cuba aprueba el derecho a la eutanasia, sin mencionarla directamente

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Con la aprobación de una nueva ley de salud que reconoce el derecho de los cubanos “en fase agónica o terminal” a decidir que su vida no sea prolongada artificialmente o la aplicación de procedimientos válidos para morir de manera “digna”, el Parlamento de la isla allanó este viernes el camino para permitir la eutanasia.

La nueva legislación, que no entrará en vigor hasta que se emita una normativa para su aplicación, “reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna, mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procederes válidos que finalicen la vida”.

En concreto, “determinaciones” sobre el final de la vida es el término utilizado para referirse a la eutanasia en el texto aprobado por unanimidad en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

De acuerdo con lo dispuesto, “la aplicación de procederes válidos que finalicen con la vida de una persona” será “regulada en una Ley específica para ese tema”, que deberá proponer el Ministerio de Salud cuando estén “creadas las condiciones” en el país, añade la ley promovida por el régimen comunista.

Dicho procedimiento estará dirigido “a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de vida o que hayan sufrido lesiones que los coloquen en esta condición”.

En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia, en 1997; y México tiene la llamada ley del “buen morir”, que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.

Además, actualmente los parlamentos de Ecuador, Uruguay y Chile discuten proyectos similares al impulsado por el gobierno antillano.

La ley cubana insiste en habla de “muerte digna”, o de “morir con dignidad”, y no de eutanasia porque se centra en humanizar la “forma” de morir, lo que supone atender a una serie de exigencias y de derechos especialmente asociados al paciente, como el derecho a saber que va a morir, a no ser engañado, a recibir toda la información necesaria, o a rehusar o aceptar un tratamiento.

La nueva ley de salud, que sustituye a la vigente desde 1983, también incluye nuevas normas en torno al trasplante de órganos, tejidos y células, y mantiene el derecho a la interrupción del embarazo, así como a las técnicas de reproducción asistida.

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