Condenan a penas de hasta 18 años de cárcel a adolescentes que protestaron el 11J

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Los cubanos menores de veinte años Kendry Miranda Cárdenas, Lázaro Noel Urgellés Fajardo, Rowland Jesús Castillo Castro, Brandon David Becerra Curbelo, Giuseppe Belaunzarán Guada y Bayan Piloto Pupo fueron condenados por el Tribunal Provincial de La Habana a penas de entre 10 y 18 años de cárcel por participar el 11J en las protestas sucedidas en la esquina de Toyo, en el municipio habanero de 10 de Octubre y en La Güinera, en Arroyo Naranjo.

Las sentencias dictadas contra los jóvenes rompen la tendencia que se venía marcando en los diferentes juicios que a lo largo de la isla se han venido celebrando contra los manifestantes del 11J en todas las provincias.

A los menores de edad se les han  venido rebajando las penas por petición de la propia fiscalía, mientras que aunque a Kendry, de 17 años en el momento de los hechos, Lázaro Noel de 16, Rowland de 17, Brandon de 17, Giuseppe de 16 y Brayan de 16, los jueces se las incrementaron por encima de las expectativas de los acusadores.

Miranda Cárdenas fue condenado a 19 años de prisión luego que inicialmente se le había reducido la sentencia de 20 a 10 años. Castillo Castro cumplirá 18 años en la cárcel luego que la petición inicial de 23 años fuera reducida a 12. A Urgellés Fajardo les fueron dictados 14 años, luego que se le redujera de 13 a 10. Becerra Curbelo obtuvo una pena de 13 años de privación de libertad luego que la primera petición fuera de 18 y fuera significativamente reducida a 5 años de prisión domiciliaria. Estos jóvenes cumplieron sus 18 años tras las rejas por su participación en las protestas del 11J

Piloto Pupo, enfrenta una sentencia firma de 13 años luego que le pidieran 16 años de prisión inicialmente (los mismo que tiene de vida). Belaunzarán Guada también fue condenado a 10 años, la pena “más baja” de todos los menores de edad. La petición original era de 13 años y había sido reducida a 8.

Estos jóvenes forman parte de un grupo de 32 ciudadanos que fueron juzgados y sentenciados a penas de hasta 26 años de privación de libertad (para los ciudadanos Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven) por “subvertir el orden constitucional, de forma violenta”, como explica la nota oficial emitida por el Tribunal Supremo Popular, que los acusa de haber obedecido “instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior”.

Los crímenes que se les adjudican son lanzar “piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales.”

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