Unos ni se han enterado del decreto ley 35; los que sí, protestan

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Al menos tres colegas de estudios universitarios dijeron esta mañana no saber ni hostia del Decreto Ley 35. Los tres, dada la edad y estudios universitarios desempeñan ciertas responsabilidades en los centros para los cuáles trabajan.

tal vez tengas que leer: Cuba: Nuevo decreto-ley penaliza el libre uso de las redes sociales

Una de ellas dijo que «está bien que regulen eso, porque la gente comparte cualquier cosa en las redes, y muchas mentiras». Otra se preguntó que «¿en qué la afectaba eso a ella?», y una tercera comentó que ella «apenas usa Facebook».

Cualquiera de los tres comentarios vale un Oscar para la falta de criterio propio, empatía y amor propio -o por la libertad, pero si no vale para eso, al menos sirvieron para «bloquear» a dos de ellas; una, «pedidora de recargas»; la otra,… bueno, la otra «apenas usa Facebook». Ni para saludar.

Por suerte, para equilibrar la balanza han levantado la voz en las redes decenas de cubanos dignos, residentes aún en Cuba, que ahora mismo,con el Decreto ya aprobado «a dedo», como todo lo que se aprueba y se regula en la isla, estarían posiblemente enfrentando cargos por delitos con un grado de peligrosidad «alto».

El decreto, que regula «el nivel de peligrosidad» de las publicaciones en internet, es el paso más cercano para que la isla de Cuba se consolide como lo que verdaderamente ha demostrado sobre todo en los últimos tiempos: una dictadura.

Así lo cree, por ejemplo, la activista por los derechos de los animales Leidy Laura Hernández.

O el artista Julio Llópiz-Casal:

El periodista independiente Héctor Valdés Cocho lo calificó como «un intento desesperado de silenciar las voces que de una forma u otra se alzan dentro de la isla», y dijo que «el decreto ley NO.35 de las Telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación pretende tipificar hechos como el eco mediático de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país». Incluyen también a lo que ellos llaman «ciberterrorismo» como concepto por el cual procesar legalmente a quienes disienten contra un sistema comprobadamente inservible».

Visto así, ¿»gritar» en Facebook para que aparezca un medicamento o un tanque de oxígeno para salvarle la vida a un ser querido, es terrorismo?

¿Qué se puede hacer para denunciar un hecho puntual que no sea usar las redes sociales, si periodistas como Francisnet Díaz Rondón y Minoska Cadalso parecen no vivir en Villa Clara y sí en un planeta lejano?

Valdés Cocho se pregunta:

«Noticias falsas? Acaso es falso el colapso de los centros de salud en todo el país, la represión sostenida y sistemática por el sólo hecho de tener opinión distinta, las vigilancias constantes que sufrimos los periodistas, artistas y activistas, las campañas de descrédito y sin derecho a réplica en televisión nacional, la homofobia y transfobia institucional, la falta de insumos médicos para enfrentar esta pandemia, las pésimas condiciones higiénico sanitarias en los centros de aislamiento, los cortes de Internet por no seguir y no querer someternos al discurso oficialista, los interrogatorios por más de cuatro horas, las multas elevadas injustas e impagables, las tiendas en MLC que son para un pequeño por ciento de la sociedad cubana, el apartheid económico, las violaciones a la libertad de manifestación y asociación, los más de 840 presos y desaparecidos a raíz de las manifestaciones antigubernamentales el pasado 11 de Julio, los más de 153 presos políticos antes del #11J, los desalojos por pensar con cabeza propia (ahí está Camila Acosta que puede dar fe de lo que hablo), las expulsiones de estudiantes universitarios por no pensar igual a ustedes, la violencia de género».

Otra que cargó y con mucho mérito y criterios para hacerlo fue la fundadora del diario digital 14ymedio, Yoani Sánchez.

Los cubanos que arremeten contra el recién formulado Decreto Ley 35, lo califican como una vuelta más en la tuerca que regula la libertad de expresión en la isla.

Para visibilizar el asunto usan hashtags y etiquetas como #NoAl35 y #NoAlDecretoLey35.

No hay que ir a la universidad para saber que la nueva herramienta legal del gobierno que restringe la libertad de expresión en internet para los ciudadanos de la isla, tiene como objetivo afianzar a la cúpula dirigente e inepta en el poder. Esa que a través de su primer ministro Manuel Marrero Cruz echa la culpa de la situación en los hospitales con la COVID-19 a sus abnegados médicos. Esa que dice que las causas de que la variante delta del COVID se haya regado por toda la isla es la «movilidad» de los cubanos y que estos son unos indisciplinados sociales.

“Bienvenidos a una nueva etapa de persecución!”, dijo el youtuber y activista Jancelito en Twitter. “Es un hecho, el régimen acaba de lanzar la base legal para procesar a todos los que le seamos incómodos en las redes sociales”, apuntó.

“No tenemos #LeyDeIdentidadDeGenero y otros derechos para la comunidad LGBTIQ+ como también leyes que penalicen la LGBTIQfobia, la discriminación racial, la violencia de género pero tenemos otra ley contra la libertad de expresión”, reclamó por su parte el activista LGBTI Raúl Soublett.

El decreto -cree firmemente un amigo- posiblemente sea como tantos otros que han intentado colar últimamente, y que han lanzado para ver, aquilatar, primero, cómo se digiere en los gaznates de un pueblo hambriento. Si se lo dejan pasar, se queda; si se protesta en masa, se analiza. Aunque este, tal parece que ya cogió su camino.

Por supuesto, el decreto ley 35 también tiene sus defensores, como es el caso de una joven cubana que a juzgar por las fotos en su perfil de Facebook vive una vida muy feliz, en compañía de su pequeña bebé, y replicando cuanta «(des)información» publica el gobierno en las redes; muchas de ellas verdaderos fake news, los que a partir de ahora, según el criterio de ese mismo gobierno que ella defiende y que compara con otros existentes en otros países -aunque, repito, a juzgar por sus fotos en el perfil de Facebook, ella no ha ido ni a la esquina- serán considerados de «peligrosidad alta», y pudiera ser arrestada y sancionada por ello.

Tendrá que tener cuidado también la periodista oficialista Rouslyn Navia Jordán, otra que a cada rato termina en Facebook denunciando «cositas», cansada de que el gobierno que ella defiende tanto, a menudo le de la espalda con sus protestas «por los canales establecidos».

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