Los cubanos que salieron a las calles a protestar, entre otras cosas, por el corte nacional de la electricidad luego del paso del huracán Ian, la falta de comida y abastecimientos, así como la crisis general que atraviesa la nación están siendo investigados por la fiscalía y se hallan propensos a recibir condenas penales.
De acuerdo con la nota publicada por el diario Granma, los manifestantes que se encuentran bajo investigación podrán ser acusados de organizar “hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana tras el paso del huracán Ian”. Entre los ejemplos citados por la prensa oficial se hallan el incendio a instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, así como la incitación a la violencia.
“En el marco de la legalidad, la protección de los intereses del Estado y los derechos de todos los ciudadanas, la Fiscalía General de la República actuará de conformidad con su encargo constitucional”, advierte la nota de Granma.
Además de remarcar que cada uno de los hechos investigados recibirá una respuesta jurídico-penal, el comunicado también se refiere a las “acciones de prevención con los padres que utilizaron a sus hijos menores de edad, colocándolos en escenarios de riesgo”. Al decir de las autoridades nacionales estas personas descuidaron sus deberes de protección sobre los menores cuando decidieron implicarlos en los sucesos penados por la ley comunista y el Código Penal que está próximo a entrar en vigor, el empleo de niños con esas finalidades es considerado como un agravante.
Las protestas callejeras y los llamados cacerolazos se hicieron frecuentes en varias zonas del país a pocas horas de que transitara por la zona occidental el devastador ciclón que dejó a miles de damnificados. Según el reporte de medios no oficiales varios de los manifestantes recibieron citaciones y amenazas por parte del gobierno con la promesa de que podían llegar a ser juzgados con severidad y muchos de ellos se hallan en prisión a la espera de sus procesos.
En la legislatura que entrará en vigor en diciembre y cuyos artículos podrían aplicarse con antelación, figuran las penas entre tres y ocho años de privación de libertad para quienes atenten contra una figura del gobierno o un policía además de agravantes para quienes pongan resistencia en sus respectivas detenciones. Una de las figuras más comentadas en la nueva ley es la conocida como “desacato” y que podrá emplearse, incluso, contra quienes compartan opiniones con el gobierno en redes sociales.
A pesar del potente cerco policial, las blasfemias oficiales en televisión y las consecuencias referidas en el Código Penal, los cubanos siguen apostando por la libertad de exigir sus derechos en las calles y a la urgencia de representar en lugares públicos las duras situaciones a las que se enfrentan la mayoría de las personas en el país, así como la poca atención que reciben por parte del gobierno.
