España aprueba Ley de Memoria Democrática que abre puerta a la nacionalidad de ese país a miles de cubanos

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El Senado de España aprobó la Ley de Memoria Democrática que permitirá a los hijos mayores de ciudadanos del país ibérico y a los descendientes de mujeres que perdieron la ciudadanía al casarse optar por la nacionalidad española. 

La llamada “ley de nietos”, contenida en uno de los acápites de la normativa impulsada por el PSOE y sus aliados en la Cámara Alta, abre las puertas a la obtención de la nacionalidad española para miles de cubanos y demás descendientes —hijos, nietos o bisnietos— de españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de 1978.

De igual manera podría beneficiar a hijos e hijas mayores de edad de españoles a quienes se les reconoció la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.

Aprobada por 128 votos contra 113 de la coalición opositora conformada por el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Navarro, la norma ayudaría a cerca de 5 millones de cubanos a obtener la nacionalidad española, según cálculos del fundador de la Asociación Autonomía Concertada para Cuba (ACC), Ferrán Núñez.

La Ley de Memoria Democrática, que entrará en vigor inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado español, tiene por objeto “la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática en España, y aboga por el reconocimiento de las víctimas del golpe de Estado de julio de 1936, de la Guerra de España y la dictadura de Francisco Franco.

De acuerdo con una nota de prensa del congreso, el texto “está estructurado en torno al ‘protagonismo y reparación integral de las víctimas de la Guerra y la Dictadura’”, y prevé “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual”, en el período entre el Golpe de Estado y la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.

Asimismo, reconoce la “política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana” durante ese período de la historia del país ibérico y condena las manifestaciones públicas de apología al franquismo. 

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