Este domingo 1 de octubre entrará en vigor en Florida la nueva ley que permite la aplicación de la pena de muerte a los condenados por violación infantil.
La norma, también conocida como HB1297 y que contó en mayo con la aprobación mayoritaria del Congreso y Senado de Florida tras ser propuesta por el gobernador del estado, Ron DeSantis, permitirá la pena de muerte a sentenciados por violar a niños menores de 12 años.
Si bien, como muchos, DeSantis ha afirmado que piensa que la pena de muerte debe ser la última opción en un juicio contra una persona, ha dejado claro que la ley busca castigar y reducir los atroces crímenes sexuales contra menores.
“Creemos que en el peor de los peores casos, el único castigo apropiado es el castigo máximo”, expresó el candidato presidencial tras firmar la ley.
Concretamente, la medida prevé reducir el filtro para que un jurado elija la pena de muerte contra los acusados. Si antes todos los integrantes del tribunal tenían que estar de acuerdo, ahora solo se requiere una recomendación de 8-4 a favor de la sentencia.
Mientras demócratas y republicanos debaten sobre la potestad del Estado para decidir quién vive y quién muere al llegar a la cárcel, DeSantis aseguró que está dispuesto a defender la nueva propuesta ante la Corte Suprema de Estados Unidos, institución que se manifiesta en contra de la pena de muerte.
En tal sentido, hay que recordar que la nueva ley se opone al caso Kennedy v. Louisiana, dictaminado por la Corte Suprema en 2008, ya que el máximo tribunal judicial prohibió a los estados aplicar una pena de muerte a las personas acusadas de violación a menores si la víctima no moría.
Al respecto, desde la oficina del gobernador de Florida han resaltado que la propia Corte Suprema anuló algunas sentencias por “protección a violadores de niños”, con lo que se le ha negado a las víctimas y a sus familiares y amigos la posibilidad de hacer justicia contra los presuntos responsables.
Concretamente la Corte Suprema señaló que la imposición de la pena de muerte por violación infantil era inconstitucional bajo la Octava Enmienda de Castigo Cruel e Inusual.
