Con decenas de denuncias de cubanos que desconocen el paradero de familiares detenidos el 11 de julio y con posterioridad a esa fecha, el vocero de la dictadura cubana no ha tenido reparos en asegurar en plena televisión nacional que «en Cuba no existen desaparecidos”, algo que confirma su papel de triste papel de papagayo gubernamental y de paso, el desparpajo de un sistema – y sus medios – que no cesa de mentirle al pueblo de la isla.
Acostumbrados a mentirle durante años al pueblo con «planes de producción sobrecumplidos», con unos «diez millones» que nunca se vieron, y un «vasito de leche» que nunca se obtuvo, al sistema imperante en la isla, a través de la TV Nacional, no le tembló la mano a la hora de moverle la lengua a este Otto Meruelos moderno, y fue con todo; sobre todo, contra la verdad, al decir que no hay desaparecidos en Cuba.
Al espacio televisivo Hacemos Cuba comparecieron Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) y José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento de Supervisión en la dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, para sin la más mínima cuota de decencia, decir que la lista de personas detenidas y/o desaparecidas tras las protestas del 11 de julio (11J), que actualiza diariamente el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), es espuria. Cualquier similitud con aquella lista de presos políticos que Raúl Castro negó un día, no es mera coincidencia.
El portal Cubadebate, por su parte, y en consonancia con lo expresado por el «descaradísimo» Humberto López, dijo que se trata de “una lista manipulada y poco seria”. Sin embargo, los ejemplos de desaparecidos sobran.
Bastaría uno, el de la esposa del cubano presuntamente baleado por un agente de las Tropas Especiales Boinas Negras, para aseverar que el poco serio y manipulado es Randy Alonso, director del portal digital; y claro, Humberto, y Víctor Álvarez Valle.
Más de 500 cubanos se reportan desaparecidos por sus familiares en la isla, pero Álvarez Valle lo desmiente. Un somero análisis sobre este punto nos permite llegar a una conclusión: o estos consideran a «los desaparecidos» como aquellos de las dictaduras paramilitares de Chile, Uruguay y Argentina de los años 70, o una persona de la que se desconozca su paradero luego de 24, 48 y 72 horas no está «desaparecida», sino «extraviada», aun cuando se sabe que no es por voluntad propia, sino porque el mismo cuerpo represivo que los detuvo se niega a dar detalles sobre su paradero.
No se trata de una cuestión de «semántica en el lenguaje». Se trata de descaro gubernamental. Esto, lo saben miles de cubanos, le sobra a la PNR y al MININT en Cuba; y a Humberto López y a toda la gerencia del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y los medios oficialistas.
Si bien la cifra pudiera ser mayor, porque en la isla la desinformación es tan amplia como la escasez de alimentos y medicinas, lo cierto es que quienes llevan la voz cantante en las denuncias son las redes sociales.
Pudiera afirmarse que este medio, en otro contexto, no es un vehículo eficaz para asumirse como «serio», pero en el caso de Cuba, donde impera la censura, el secretismo y la falta de justicia dentro de su sistema judicial, redes sociales como Facebook son el vehículo que han encontrado los antillanos para reclamar por el destino de sus familiares detenidos.
Otro testimonio de alguien que «bien baila», es el ofrecido por José Luis Reyes Blanco, quien expresó, cual personaje de cuento de Isaac Asimov, que «los registros de este proceso (detención), el acta de detención que es firmada por el implicado, la información sobre el detenido y la presencia de la Fiscalía en todo el proceso penal desde el inicio, contribuyen a controlar la investigación y nos permiten asegurar que en nuestro país, después de 1959, nunca han existido desaparecidos”.
El coronel Álvarez Valle dijo que «en las primeras 24 horas, la familia conoce generalmente donde se encuentra la persona porque, además, el Minint tiene un sistema de atención e información a la población, automatizado y entrelazado entre todas las unidades, donde se asienta cada una de las personas detenidas”. O sea, que «no hay tales desaparecidos».
Sin embargo, ha quedado documentado en más de una ocasión como, incluso antes del 11 de julio, cuando familiares y amigos de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo se presentaron en la tristemente célebre unidad de Cuba y Chacón, allí nadie supo informarles sobre el paradero de estos. O sea, que estaban «desaparecidos» dentro del sistema. Destaca, entre esos dos nombres, el de Maykel Osorbo, de quienes sus familiares nunca supieron dónde se encontraba durante ¡14 días!, en el mes de mayo de este año.
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Juicios sumarios dentro del sistema
A la poca seriedad y objetividad del programucho Hacemos Cuba, al testimonio sin vergüenza de Humberto López y sus «distinguidos» invitados, a su cacareado análisis de que no hay desaparecidos en Cuba, se suman otras denuncias con relación a juicios sumarios, expeditos y sin garantías legales a varios cubanos.
Son varios los ejemplos que demuestran la firmeza de esta denuncia, aunque la fiscal jefa de la dirección de procesos penales de la Fiscalía General de Cuba, Liznay María Mederos Torres, diga que este tipo de juicio está contemplado en el Código Penal cubano.
Sin embargo, una cosa es que esté contemplado y otro que se cumpla el llamado «debido proceso». Ya de por sí, el carácter sumario y expedito de estos juicios conspira contra el debido proceso, pero si a eso se le añade que hay denuncias de encausados que no conocen siquiera a su abogado, esto se complica.
Pongamos por ejemplo, ya que hablamos de desaparecidos juzgados, el caso de Alexander Diego Gil, graduado de la Universidad de las Artes y quien, además, es un actor, poeta, maestro, ecologista y activista comunitario, quien se encuentra detenido desde el pasado domingo 11 de julio, debido a su presunta «participación» en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en su natal poblado de San Antonio de los Baños.
Cuando la familia de Diego Gil se personó en 100 y Aldabó a reclamar por él, luego de desconocer de su paradero por más de 190 horas, allí le dijeron que «iba a ser procesado en un juicio sumario.»
Así lo denunció en Facebook no un «chismoso» o «bretero de barrio», sino Arliz Plasencia Fernández, socióloga cubana graduada en la Universidad de La Habana.
Cabría preguntarse… ¿puede haber «debido proceso» en un caso que se juzga en 190 horas?
Lo que más preocupa de este ejemplo es que al enterarse la familia de la brevedad con que sería juzgado Diego Gil, decidieron buscar asesoría legal. Se les dijo que la figura del juicio sumario es un procedimiento especial que procede cuando lo señala la ley y que una de sus principales características es la de ser breve; pero claro, tiene todas las garantías legales y procesales. Es decir: al acusado se le garantizarán todos su derechos; incluso, la asesoría de un letrado.
A este letrado que acudió, nombrado por los familiares de Diego Gil a conocer el día, la hora y el lugar donde tendría lugar el juicio, se le negó la información.
Así lo explica Arliz Plasencia:
«Sin estos datos claves, el abogado no puede personarse, planificar la defensa. Estos datos son, además de imprescindibles, un derecho”.
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Es un derecho que fue violado, y del cual no dijo nada Humberto López en su programa.
¿Se trata entonces de una falla en el sistema? ¿Un error, dentro del «debido proceso»?¿Este, es el caso de Diego Gil?
¡Ni tanto! Igual le sucedió al fotógrafo cubano Anyelo Troya, quien sin previo aviso, y sin defensa permitida aún, fue trasladado este martes, desde 100 y Aldabó hasta el Tribunal de 10 de Octubre, en donde fue juzgado, en otro juicio sumario, sin que su familia fuese advertida y peor aún, ¡sin defensa permitida!
Anyelo Troya se encontraba haciendo lo que todo fotógrafo que ame y respete su profesión pudo haber hecho el pasado 11 de julio: documentar las protestas. Por eso, fue detenido y acusado de «desorden público».
Sobre el juicio en el que se encontraba siendo juzgado conocieron sus familiares ayer martes, cuando se presentaron en 100 y Aldabó con un letrado para que lo asesorara en su defensa. Allí mismo supieron que Troya era juzgado en ese mismo momento. Cuando los familiares llegaron al Tribunal de 10 de Octubre, el juicio ya había concluido.
Al indagar sobre lo sucedido, no les notificaron sentencia – tampoco – y solo supieron que se trató de un «juicio colectivo», en el que se juzgaron otras once personas, todas con distintos grados de participación en los hechos del 11 de julio, y seguramente ninguno – a excepción de Troya -, que actuó como fotógrafo.
“El abuso y la crueldad de este sistema no pueden seguirle siendo indiferentes a nadie que se diga humano. El régimen cubano está haciendo una purga de la juventud inconforme del país”, expresó Camila Lobón sobre este caso en su perfil persona de Facebook.
“Lo detienen el 11 de julio en la esquina de su propia casa por hacer fotos. ¿Qué se supone que haga un fotógrafo? ¿Por qué eso tiene que ser un delito? Ahora dicen que desorden público pero sabemos que eso es mentira. A Anyelo se lo llevaron dos personas vestidas de civil porque la Seguridad del Estado llevaba meses hostigando por su participación en el video Patria y Vida y por su amistad con Maykel y Luis Manuel”, cuestionó la curadora de arte Anamely Ramos González, miembro del Movimiento San Isidro (MSI).
Anamely denunció además como, tras ser apresado, a Troya se le mantuvo incomunicado por toda una semana. Diríamos que «casi» desaparecido, pues nadie conocía de su paradero. A ninguno de sus familiares se le permitió verlo.
“Lo llevaron para 100 y Aldabó y lo mantuvieron incomunicado todo el tiempo. Cuando ayer su madre fue por tercera vez allá le dijeron que fuera contratando abogado. Y hoy cuando regresó, ya se habían llevado a Anyelo para hacerle un juicio sumario. No les dio tiempo a su madre y su abogado, ya contratado, al juicio. Una violación total de todas las leyes. Y una vergüenza. La sentencia ni siquiera se la indicaron”, agregó Anamely.
Como bien explica ella, ni el caso de Troya, ni el de Diego Gil, son una excepción. Ambos documentan lo que Humberto López jamás se atrevería a admitir, que es «la estrategia de terror utilizada por el gobierno contra los más de 500 manifestantes que se han reportado como desaparecidos o detenidos por las protestas».
Son esos «desaparecidos» que ahora el NTV, Humberto López, y par de caraduras del Ministerio del Interior en Cuba, y del Ministerio de (In)Justicia cubano dicen que no existen en Cuba.
