Cuba arriba al 2022 con récords tristes en Latinoamérica. Al descomunal 70% de inflación registrado el pasado año, que la sitúa a la cabeza del sub continente, se suma la cifra desmesurada de presos políticos.
Según cifras reveladas por la iniciativa cívico-jurídica Cubalex, la nación alcanzó los 1320 detenidos desde las protestas del 11J.
La ONG Prisioners Defenders ofrece un monto menor pero igualmente desmedido, confirmando 955 presos políticos durante 2021, de los cuales 700 son a causa de la explosión social de julio y del 15N, y 842 siguen tras las rejas al día de hoy.
Acorde a un detallado reporte enviado por Prisioners Defenders a la activista opositora cubana Yahima Díaz, y publicado por esta en su perfil de Facebook, tales números representan solo “una fracción, entre el 40% y el 50% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna”, apuntan.
Aun así, se superan con creces las estadísticas confirmadas respectivamente en Venezuela y Nicaragua por organizaciones como Foro Penal y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Venezuela con 244 y Nicaragua con 167. Ínfimas en comparación con la Isla.
Según Prisioners Defenders, 26 de los procesados por las autoridades cubanas, son menores de edad, contando entre 14 y 17 años en el momento de las detenciones. La mitad está acusada de sedición, sumándose al total de 132 encausados por este motivo abiertamente político que contradice las recientes afirmaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez acerca de la inexistencia en el país de presos políticos, una de las aseveraciones más antiguas del poder local..
Este “crimen” se castiga con privación de libertad de entre 10 y 20 años, a la par de los homicidas, llegándose a la pena de muerte en caso de que se cometa «en situación de guerra o que afecte la seguridad del Estado, o durante grave alteración del orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia», según el Código Penal vigente en la Isla.
De los 842 detenidos, 107 son mujeres y “387 prisioneros ya han sido sentenciados, 137 de ellos con penas de más de 10 años”, refiere el detallado informe.
La ONG internacional cataloga a prisioneros en tres grupos fundamentales: 545 Convictos de Conciencia, 205 Condenados de Conciencia y 92 dentro de la categoría de “Otros Presos Políticos”.
Los Convictos de Conciencia son los “presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, es decir, de ejercicio estricto de sus más fundamentales derechos humanos, con acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente relacionadas con el pensamiento”.
Entretanto, los Condenados de Conciencia “sufren autos de procesamiento fiscal o sentencias judiciales de trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad, libertad condicional bajo amenazas, y otras limitaciones a la libertad, incluyendo las que están bajo sentencia firme sin ejecución”, explica Prisioners Defenders, “y que el régimen, además, acostumbra a revocar e insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad prodemocrática, como hemos visto mes tras mes durante años”.
En el tercer apartado se ubican los presos que “no pueden ser defendidos como Convictos de Conciencia. O bien en sus causas ha estado presente de algún modo la violencia, o bien han cometido, aparejado a su prisión política, delitos punibles”, refiere la ONG, a propósito de los manifestantes que dañaron patrullas durante el 11J, o se enfrentaron a las fuerzas de la policía y la seguridad del Estado.
“También existen no pocos casos en los que no nos es posible verificar completamente la fabricación de su supuesto delito”, añaden en el informe.
“Sin embargo, en todos ellos el matiz político, el nulo acceso a la defensa efectiva, y defendibles, en algunos casos para adecuar las penas a lo realizado y en otros por el derecho a tener acceso a una defensa efectiva que posiblemente los liberaría de todo cargo.
Prisioners Defenders también monitorea todo el panorama penal completo, más allá de las condenas políticas, y reconoce con alarma la existencia de una población carcelaria de 11 000 civiles jóvenes “no pertenecientes a organizaciones opositoras”, de los cuales más de 2500 sufren “condenas ʽpre-delictivasʼ, es decir, sin delito”, pero regidas por lo que el Código Penal define como “personas proclives a cometer delitos en el futuro por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialistaʼ (Art. 72 de Código Penal). Así, les imponen penas de 1 a 4 años de prisión. Así es como el Estado de Cuba sobrevive, destrozando la sociedad y sus cimientos: la juventud”, concluye la ONG.
