A pesar de los discursos y promesas del régimen cubano sobre su compromiso para erradicar la violencia de género, los hechos recientes y las estadísticas pintan una realidad muy diferente. La falta de acciones concretas y la persistente impunidad en casos de violencia contra mujeres y niñas muestran una lucha desigual y poco efectiva por parte de las autoridades cubanas.
El caso más reciente que ilustra esta problemática es el de una niña que fue víctima de violencia y cuya familia presentó una apelación ante el sistema judicial cubano. Según una directa hecha por su abuela, Yelenis Pinilla, en las redes sociales, la respuesta a la apelación ha sido deficiente, mostrando una falta de compromiso y sensibilidad hacia las víctimas y sus familias.
La familia de la niña víctima de abuso sexual en Granma sigue esperando respuesta a la apelación presentada contra la sentencia de Maikel Solano Arévalo, un oficial del Ministerio del Interior, condenado a solo tres años de trabajo correccional sin internamiento. Este veredicto ha sido duramente criticado por la familia y la sociedad civil, quienes consideran la pena insuficiente dada la gravedad del delito.
El abuso, que ocurrió de manera continuada contra una niña de cuatro años, fue probado en el juicio.
La sentencia del Tribunal Municipal Popular de Buey Arriba, dictada el 20 de febrero de 2024 y notificada el 29 de marzo, ha sido apelada, pero hasta ahora no se ha recibido una respuesta. Según el artículo 630.2 de la Ley 143 de Proceso Penal, el tribunal debe enviar el recurso de apelación al Tribunal Provincial dentro de tres días para convocar una nueva vista, lo cual no se ha cumplido.
Pinilla expresó su inconformidad y señaló la corrupción en el sistema judicial como una razón para la sentencia indulgente, dado que Solano es agente de la Seguridad del Estado. Este comentario resalta la percepción de impunidad y favoritismo hacia funcionarios del régimen, exacerbando la indignación pública.
Alaín Espinosa, abogado de Cubalex, criticó la sentencia como «considerablemente indulgente», señalando que Solano nunca estuvo privado de libertad durante el proceso y que la medida cautelar aplicada fue insuficiente para proteger a la víctima.
Espinosa argumentó además, en declaraciones recogidas por Martí Noticias, que el tribunal debería haber considerado circunstancias agravantes que hubieran permitido una pena más severa, cercana al límite máximo de siete años y medio de prisión.
El caso ha generado una ola de indignación y críticas hacia el sistema judicial cubano, que sigue sin ofrecer respuestas satisfactorias ni justicia a las víctimas de violencia de género.
Mientras, continua la espera ante la desaparición de una madre cubana en Camagüey, lo cual agrava la percepción de inseguridad y desprotección de las mujeres en Cuba. La búsqueda de esta madre, que lleva desaparecida varios días, ha puesto de manifiesto las deficiencias en los protocolos de búsqueda y la falta de recursos destinados a la localización de personas desaparecidas.
Se trata de Marleivys Martín, quien desapareció durante un viaje de Nuevitas a Camagüey el lunes seis de mayo.
Sus familiares continúan buscando información sobre el paradero de la muchacha pero no han recibido ninguna noticia alentadora de parte de las autoridades.
Rolymily Gongar, quien se identifica como prima de la joven, compartió este martes en su perfil de Facebook una publicación donde solicita a las personas que comuniquen cualquier información sobre su paradero a la policía del municipio camagüeyano de Nuevitas.
Marleivys es madre de dos niñas.
Además de estos casos específicos, la situación general de violencia de género en Cuba sigue siendo alarmante, con casos de personas que continuan desaparecidas. Los casos mas notables recientes son el de la joven madre Karildi Marín, y el de la bebé Lali Paola Moliner.
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Según datos de la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos.
En Cuba, la falta de políticas efectivas y la inexistencia de refugios para mujeres víctimas de violencia destacan como principales obstáculos para la protección de las víctimas. La ausencia de una legislación robusta y específica para combatir la violencia de género, junto con la insuficiente formación y sensibilización de los cuerpos de seguridad y judiciales, perpetúan un ciclo de impunidad y desamparo.
La respuesta del régimen cubano a estos problemas ha sido en gran medida discursiva y simbólica, sin traducirse en acciones efectivas.
Cuba aún necesita avanzar significativamente en materias como la educación y la sensibilización en la lucha contra la violencia de género, con programas educativos que promuevan la igualdad de género y la creación de espacios seguros para las mujeres.
