El reciente aumento en el precio del combustible en Cuba ha suscitado un sinfín de quejas y críticas por parte de la población, incluyendo voces dentro del propio oficialismo, lo que evidencia la profundidad y la gravedad de la situación.
Jesús Álvarez, un periodista vinculado a medios estatales, y un defensor a ultranza del proceso revolucionario en la isla, expresó su descontento en redes sociales al no poder adquirir la gasolina regulada que le correspondía debido a los exorbitantes precios, una situación que ilustra claramente el impacto directo de estas medidas en el día a día de los cubanos.
Álvarez destacó que para comprar el combustible necesitaría destinar todo su salario mensual, calificando los precios de «abusivos».
Este testimonio se suma al de muchos otros ciudadanos que, desde diversos sectores, manifiestan su descontento y preocupación por una medida que afecta principalmente a los más vulnerables.
A esto se le suma el comentario de otro ciudadano que, a través de los comentarios en la publicación de Álvarez, compartió su experiencia sobre el incremento de precios en el transporte, evidenciando así las consecuencias directas de la subida de los precios del combustible en otros servicios esenciales.
El gobierno cubano, por su parte, reconoció que los nuevos precios del combustible, vigentes desde el pasado 1 de marzo, no han logrado el efecto esperado, especialmente en lo que respecta a la oferta de los porteadores privados.
La viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, indicó que, a pesar de que los transportistas privados adquieren el combustible a precios mayoristas, no se ha logrado moderar el aumento de precios en la transportación de pasajeros, un hecho que el gobierno atribuye a las «formas de gestión no estatal».
Esta situación ha llevado al gobierno a implementar medidas como la imposición de multas a transportistas en un intento por controlar los precios, aunque estas acciones parecen no haber tenido el impacto deseado. La población sigue siendo la principal afectada por decisiones que parecen distanciarse cada vez más de las necesidades reales de los ciudadanos, impactando negativamente en su calidad de vida.
El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ha defendido estas medidas argumentando que el incremento de precios por parte de los transportistas privados es una «distorsión que debe ser corregida».
Sin embargo, sus palabras contrastan con la realidad que vive la isla, donde la escasez de combustible y el incremento en los precios de los servicios de transporte agudizan aún más las ya difíciles condiciones de vida.
