A finales de septiembre circuló por las redes la noticia de que el gobierno de Cuba estaría prohibiendo la salida del país a individuos con deudas pendientes con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT); una decisión, respaldada por el Decreto 308 del Sistema Tributario, que buscaba evitar que los deudores tributarios viajasen al extranjero sin saldar sus obligaciones primero con el fisco en la isla.
La medida, resultado de un convenio entre ONAT y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE), ya había afectado por ese entonces a unos 600 contribuyentes; y se aclaró que, la restricción se mantendría hasta que los deudores regularizaran sus pagos, cumpliendo con sus responsabilidades fiscales en tiempo y forma según lo estipulado por la ley.
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A pesar de las lógicas molestias que esto podría significar, teniendo en cuenta la gravedad de la retención de una persona dentro de un país en la crisis más absoluta en contra de su voluntad, una nota publicada en el diario Escambray por el periodista oficialista Enrique Ojito señala que prohibir la salida del país a cubanos con deudas en la ONAT, «no es una arbitrariedad».
La nota – de opinión – rezuma por todos los poros el «antimperialismo» de Ojito, que llama «escandaloso chancleteo» al ruido formado por quienes «están a punto de padecer de sordera».
En el mismo primer párrafo de la nota, protesta el articulista por aquellos que «acusan hasta la saciedad a la prensa pública cubana», como si no faltaran motivos para hacerlo. Luego, de inmediato, salta en defensa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), a quien, dice, pretenden sentar en el banquillo de los acusados.
A las críticas las llama «desbarre mediático de quienes echan candela por la boca (…) ante cada nueva medida del Estado y Gobierno cubanos», como si no faltaran los motivos – y las pésimas medidas tomadas por ambos – para criticar.
Sin embargo, reconoce Ojito – Escambray – que esta medida se tomó ante la fuga desmedida de más de 200 mil cubanos en el último año, y cita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en una reciente declaración, cuando habla del «flujo migratorio irregular de ciudadanos cubanos a través del corredor centroamericano con destino a los Estados Unidos», el cual, añade, «experimenta un crecimiento ostensible durante los últimos meses y semanas», y recoge el caso de un espirituano a quien le prohibieron salir del país en el propio aeropuerto pues debía «7 millones de pesos al presupuesto del Estado».
La reciente medida adoptada por la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en Cuba, que prohíbe la salida del país a los contribuyentes con deudas fiscales y notifica a aquellos que se encuentran en el extranjero, ha generado una ola de preocupación y críticas. Esta política, aunque se presenta como un esfuerzo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pone de manifiesto varios problemas sistémicos que afectan a los ciudadanos cubanos, incluyendo la mala gestión de la información, la desconectividad, y la burocracia excesiva.
Primero, la mala gestión de la información es un problema crítico en Cuba. Los ciudadanos a menudo no tienen acceso a información clara y transparente sobre sus obligaciones fiscales y los procesos administrativos. Esto se complica aún más por la desconectividad en el país, donde el acceso limitado a internet y las comunicaciones dificulta la capacidad de los individuos para obtener información crucial, realizar trámites necesarios, o incluso disputar errores administrativos.
Además, la burocracia en Cuba es notoriamente complicada y puede ser difícil de navegar, incluso para los ciudadanos más informados. Los procesos a menudo son lentos, y la falta de transparencia puede llevar a confusiones y errores. En el contexto de la nueva política de la ONAT, esto significa que los cubanos que no tienen deudas pueden verse injustamente atrapados en un limbo burocrático, descubriendo solo en el aeropuerto que están prohibidos de viajar debido a supuestas deudas fiscales.
Lo más alarmante es que, debido a estos problemas sistémicos, existe la posibilidad real de que ciudadanos que no tienen deudas con la ONAT se encuentren, de repente, sin poder salir del país. Estos individuos podrían ser víctimas de errores en la gestión de datos, la falta de comunicación efectiva, o la simple burocracia. Enfrentarían entonces un proceso arduo y confuso para probar su inocencia y recuperar su derecho a viajar. De más está decir que perderían el dinero de todo, sin que, ante una falla del sistema, una entidad del Estado cubano se pueda declarar culpable de su mala gestión y cubrir la pérdida monetaria en la que incurrió «el acusado».
Esta política también plantea preguntas sobre la transparencia y el debido proceso. En un sistema donde la burocracia es densa y a menudo opaca, ¿cómo pueden los ciudadanos verificar la legitimidad de las afirmaciones hechas contra ellos? ¿Qué recursos tienen disponibles si son injustamente etiquetados como deudores fiscales? Sin un proceso claro y justo para disputar tales afirmaciones, los ciudadanos están justificadamente preocupados de que puedan ser blanco de acciones punitivas encubiertas bajo el disfraz de la administración fiscal.
Esta situación no solo es angustiante para los afectados, sino que también plantea serias preguntas sobre los derechos civiles y la libertad de movimiento en Cuba. Mientras que el cumplimiento de las obligaciones fiscales es, por supuesto, importante, las políticas que se implementan para asegurar este cumplimiento no deben infringir los derechos de los ciudadanos ni castigarlos debido a las deficiencias del sistema.
