La FIU, como institución pública financiada y respaldada por el gobierno estatal, sigue las directrices estatales, aunque estas decisiones puedan generar controversia y debate en el ámbito educativo y político.
La Universidad Internacional de Florida (FIU) ha anunciado recientemente una medida que impacta directamente a la comunidad académica internacional: la suspensión inmediata de contrataciones de investigadores originarios de seis países, entre ellos Cuba, clasificados como «preocupantes» por el gobierno estatal de la Florida.
La medida, amparada en la legislatura firmada por su gobernador, Ron de Santis, atañe no solo a Cuba, pues en la lista se incluye también a los académicos provenientes de Venezuela, China, Rusia, Siria, Irán y Corea del Norte.
La decisión, en sintonía con las leyes promulgadas por el gobernador republicano Ron DeSantis, pone en pausa cualquier oferta de trabajo o intento de contratación que involucre a ciudadanos de estos países, afectando significativamente el entorno académico de la institución.
El vicepresidente de Investigación de FIU, Andrés Gil, ha comunicado a los decanos y directores de programas de posgrado que «cualquier oferta que se haya hecho y cualquier reclutamiento activo debe paralizarse hasta que tengamos un buen control sobre el proceso».
Aunque la medida parece estar enfocada en evitar el llamado «adoctrinamiento», es necesario destacar que no todos los académicos afectados son – o pudieran ser – de la llamada izquierda.
Por ejemplo, el Cuban Research Institute (CRI) de la FIU, trabaja en activa colaboración con opositores cubanos y venezolanos en actividades académicas, por lo que esta decisión impacta especialmente de manera negativa las actividades del CRI.
Más de 300 profesores de FIU han expresado su desacuerdo con esta medida, argumentando que podría dañar el desarrollo, la reputación y el liderazgo de la Universidad.
Según reflejó la revista Science, esta restricción en la contratación de ayudantes de posgrado, posdoctorado y profesores visitantes de estos países «tendría un impacto devastador en nuestros programas de posgrado y actividades de investigación; además, podría influir negativamente en el desarrollo a largo plazo, la reputación y el liderazgo de FIU».
La medida se enmarca dentro de un conjunto de leyes aprobadas recientemente en Florida, que incluye la prohibición de que extranjeros de estos países compren propiedades cercanas a infraestructuras críticas.
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