El gobierno de Cuba -siempre puntual, siempre presto- presentó una protesta oficial ante Estados Unidos por el asilo político otorgado la semana pasada al piloto Rubén Martínez Machado, quien llegó a Florida en octubre pasado en una avioneta de fumigación, y desde entonces estaba en un centro de detención, temeroso de la posibilidad de ser deportado a la isla. Para el régimen, Rubén cometió un acto de “piratería aérea”.
El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, confirmó el envío de una nota oficial de protesta a la representación de Washington en La Habana: “Los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y Estados Unidos”, dijo el funcionario.
Según la Cancillería cubana, el escape de Rubén representa una violación del espacio aéreo, de la seguridad operacional y de las regulaciones aeronáuticas cubanas en correspondencia con lo estipulado en los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago).
“La impunidad sobre acciones de esta naturaleza constituyen un precedente negativo y peligroso”, advierte la nota de Cuba. El episodio ocurrió a pocos días de la visita a Estados Unidos de una delegación oficial de la isla para dialogar sobre seguridad marítima con autoridades de la Guardia Costera (USCG, siglas en inglés).
La Cancillería cubana afirma que envió cuatro notas verbales para insistir en la repatriación de Rubén y la devolución de la avioneta, una vieja AN-2 rusa, que pertenece a la Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A. (ENSA). En el caso de Rubén, este voló desde Sancti Spíritus directo a aguas internacionales, y de ahí a la costa oeste de la Florida, para evitar las poblaciones.
Sin embargo, técnicamente Rubén sí se robó un avión propiedad del Estado, pero no cometió “piratería aérea”, porque ello implicaría que el rapto de la aeronave incluyera el traslado forzoso de pasajeros. En todo caso, las autoridades de Estados Unidos podrían devolver la avioneta, y a la vez amparar al solicitante de asilo por la Convención contra la Tortura (CAT).
De hecho, la defensa del joven de 29 años logró demostrar ante el tribunal de inmigración un miedo fundamentado para el cliente, a partir del testimonio de la hermana de Rubén, que relató sobre las visitas y requisas de autoridades locales. Al final, ya con el asilo concedido, el joven no quiso pronunciarse sobre la situación en Cuba por miedo a que se tomaran represalias contra su familia.
