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Prensa en Cuba, cada vez más controlada

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Los mandamases de la prensa en Cuba quieren lo imposible. Entre otras cosas que el Estado les deje hacer su trabajo y que puedan publicar lo que sea, sin que se lo aprueben desde el Departamento Ideológico del Comité Central.

Que Víctor Gaute, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y jefe de su Departamento Ideológico, haya presidido el 6to Pleno de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) es sintomático de los límites que puede ejercer el periodismo y la prensa oficialista en la isla. Queda demostrado una vez más que el Partido Comunista de Cuba (PCC), su Comité Central y el Departamento Ideológico, cada vez apuestan más por el periodismo obediente.

La UPEC, por su parte, pide “un ejercicio periodístico de calidad y apegado a los intereses de las audiencias en el actual contexto” y Gaute asiente con “teorías sobre la importancia de las alianzas entre las instituciones y la prensa“. El segundo entiende por eso que los periodistas, cada vez más se alíen con las instituciones -entiéndase organismos, ministerios, PCC etc. y etc.-, mientras que los primeros, abogan porque estos confíen más en lo que los periodistas escriben o sobre lo que quieren o necesitan escribir.

Tal parece un “divorcio a la italiana”, en un periodo que, según la Agencia Cubana de Noticias, está cada vez más “marcado por constantes agresiones“; o como expresase el soñador Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la UPEC: “ante los intentos contrarrevolucionarios de presentar una imagen de país en caos e ingobernabilidad”.

Ni una ni otra. La UPEC asume que existen serias deficiencias dentro del sistema de medios públicos y su prensa toda; desde oriente a occidente; sea prensa plana, escrita, radial o televisiva; dice que “se han detectado y definido a lo largo de los últimos años”, habla de que “la solución puede estar en la consolidación de un nuevo modelo de periodismo para el socialismo”, pero no entiende que hay una incompatibilidad intrínseca en el mismo sistema que impide, por ejemplo, que los periodistas cubran determinado suceso sin que el Departamento Ideológico del Comité Central lo apruebe.

No digamos indagar sobre los fondos utilizados por Tony Castro para pasearse en un yate millonario en las islas del Mediterráneo; o cómo adquirió la nieta de Raúl Castro y Vilma Espín esa casa “millonaria” que tiene para la renta con Airbnb; o de dónde sale el dinero y quiénes son los verdaderos propietarios de algunos de los negocios de restauración -bares y restaurantes- más importantes dentro de La Habana, principalmente.

A esa “confianza”, apeló Iramis Alonso, directora de la revista Juventud Técnica, quien dijo que “para lograr alianzas es necesario reconfigurar las relaciones con las fuentes”, y habló de “un periodismo transparente, consciente y eficaz, algo solo posible con un cambio de mentalidad real en directivos y decisores”, pero precisamente Gaute estaba allí para recordarle que al PCC, al Comité Central del Partido y a la alta cúpula gobernante, no le parece atinado y correcto que un periodista X conozca de primera mano sobre determinado escándalo de corrupción y quiera investigar y publicar las cosas así, sin contar con la aprobación de Papá Gobierno.

En un claro ejercicio de unilateralidad, Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la UPEC, propuso la creación de un grupo jurídico con capacidad para presentar causas legales contra quienes organizan y ejecutan acciones de acoso e intimidación hacia periodistas cubanos, y dijo entre otras cosas que se trata de “una campaña de descrédito hacia los órganos de prensa nacionales a través del ataque a sus más destacadas figuras”.

Se refería Rosa Miriam, evidentemente, a Lázaro Manuel Alonso y Humberto López -y a otros más-, dos de los que últimamente han aparecido en la TV Nacional disparando tiros al bosque sin ton ni son, llamando “mercenarios” o “gente pagada por el imperio” a todos los artistas plantados frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, y a los acuartelados de San Isidro.

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A Rosa Miriam, por ejemplo, no se le ocurrió indagar o denunciar o investigar quién hackeó la página de Facebook del Movimiento San Isidro y expuso de modo impúdico fotos íntimas de Luis Manuel Otero Alcántara. Tampoco le interesa discernir hasta dónde llega la legitimidad de exponer, en la TV Nacional, los interrogatorios con la Seguridad del Estado, algunos grabados sin consentimiento, de un grupo numeroso de periodistas y escritores. Tampoco abogó por condenar que Carlos Manuel Álvarez haya sido secuestrado y llevado en contra de su voluntad, en un carro de la Seguridad del Estado, de La Habana a Matanzas. Mucho menos deben preocuparle, por ejemplo, los cientos de mensajes de textos ofensivos y llamadas madrugadoras y ofensivas que ha recibido durante ya varios meses la periodista Mónica Baró.

El 6to. Pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), celebrado este martes en La Habana, transcurrió como tantos otros y como tantos otros fue una pérdida de tiempo y recursos.

Algunos hubiesen preferido, por ejemplo, estar en un cola de una agromercado luchando la carne de cerdo a $40 pesos. Otros, como Lázaro Manuel Alonso y Rosa Miriam Elizalde, no tanto. Ellos tienen quien les mande divisas del norte.

Ariel P.



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