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Cuba

Multas en La Habana: más de 250 esta semana

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multas en mercados agropecuarios
Cortesía:Ariel Cecilio Lemus/Granma

Las multas en La Habana, luego de entrar en vigor el Decreto-Ley 370, suman ya 250.

Ha pasado una semana, pero multar severamente no es la solución del problema, para lo cual fue diseñado este Decreto.

Más de 250 multas se han aplicado en La Habana por violaciones de precios a tenor de lo establecido por el Decreto-Ley No. 30, el mismo que endureció la cuantía de las sanciones y las elevó, a entre 5 000 y 15 000 pesos, por delitos relacionados a las “violaciones de tarifas y precios”.

Es de destacar, antes que todo, que el Decreto-Ley No. 30 no se aplica al Estado cubano, que a través de sus cadenas de tiendas -principalmente CIMEX S.A. y TRD Caribe- sube los precios a cualquier artículo hasta límites impensables, pero pone el grito en el cielo cuando un merolico de quinta categoría vende una ristrica de cebollas en 60 pesos.

Para el Estado, que le compra a los productores la libra de cebolla a 5 pesos y la revende luego a 40 en algunos mercados agropecuarios, el Decreto-Ley nro. 30 no aplica.

Sin embargo, este se emplea con todo el rigor en los mercados agropecuarios, donde en el pesaje y en la venta de los alimentos, las autoridades e inspectores estatales suelen detectar irregularidades.

Allí, dice la Agencia Cubana de Noticias, hasta se han impuesto multas de ocho mil pesos.

Más de 200 multas en los mercados agropecuarios y 50 en las panaderías estatales por violaciones de las tarifas topadas para la venta de mercancías y por transgresiones en el pesaje es el dato que exhibió con orgullo Orestes Llanes Mestre, jefe del subgrupo de Fiscalización, Control e Higiene del Consejo de Defensa Provincial a la Agencia Cubana de Noticias, como si ello fuese a solucionar el problema de la alimentación del país.

En buena lid, el Decreto-Ley No. 30, con sus severas cuantías de entre 5 000 y 15 000 pesos por violaciones de tarifas y precios, debería aplicársele a quienes, a lo largo de 60 años insisten en centralizarlo todo, no liberar las fuerzas productivas, dar las cosas de buchito en buchito, prohibirlas primero y autorizarlas excepcionalmente después.

Este Decreto-Ley No.30, que entró en vigor a finales de enero pasado, debería haberse diseñado para quienes, en el día de ayer, anunciaron la ilegalidad de no pocas actividades; o en todo caso contra aquellos trabajadores sociales que maltratan a mujeres enfermas, o contra los directivos de Vivienda; esos que se demoran años, en otorgar el Título de Propiedad de una vivienda.

Contra esos eslabones partidos de la cadena se espera con ansias un decreto.

Ariel P.



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