Cuba: demora más legalizar una casa que construirla

En Cuba los problemas con la vivienda son tantos que hasta pudiera escribirse una colección más grande que las Obras Completas de José Martí.

Sin dudas, Pepe Alejandro, al frente de Acuse de Recibo en el Juventud Rebelde, tiene material para escribir cien tomos.

Uno de los residentes en Pueblo Viejo, Jesús Menéndez, Las Tunas, Cuba, e identificado como Jorge Luis Pérez García (calle 59, No. 1) escribió al diario oficialista Juventud Rebelde y asegura que su problema es serio. Más que serio.

Su problema parece, piensa él y pensaría cualquiera de nosotros al leerlo, que es uno de esos problemas matemáticos que nos enseñaban en la escuela y que, luego de rebanarnos los sesos en búsqueda de su solución, determinábamos o encontrábamos que no, que no la tenía.

¿Qué le ha sucedido a Jorge Luis? Pues no poca cosa; el hombre, dice Pepe Alejandro, gestor de la columna de quejas y llantos nombrada Acuse de Recibo, “no puede concebir que sea más fácil construir ocho viviendas para familias damnificadas que legalizárselas después”.

Así como lo cuenta Pepe, se lo contó Jorgito.

Dice el hombre que no sin ver pasar mil lunas y cientos de aguaceros -entiéndase años, por favor- finalmente Papá Estado, tras muchos peros, justificaciones, dilaciones y el embargo, les construyó una casa a él y a otras siete familias.

Eso ocurrió en julio del 2017. Sin embargo, cuatro años después, ninguno de ellos ha podido hacerse propietario de las viviendas que les dieron.

¿Por qué? Ah, pues por el mismo problema de siempre. El bloqueo. O sea: el bloqueo interno. El burocratismo en Cuba.

Al parecer haberles dado las viviendas en un acto un día 26 de julio -del 2017- ha sido como un maleficio para ellos.

En el lleva y trae desde hace cuatro años, un trámite tan sencillo como ese no ha podido refrendarse ante la ley de Cuba como Dios manda, y hasta han tenido la desdicha de escuchar, de boca de funcionarios, que sus documentos se han perdido.

Lo cierto es que, el día que Jorge Luis le escribió a Pepe, que fue en los primeros días de este mes de febrero, ninguna de esas ocho familias habían podido legalizar sus viviendas.

Pepe -y Jorge- se preguntan por qué.

Los quejosos dicen haber ido en varias ocasiones a la Dirección de la Vivienda y Planificación Física. Allí, sin embargo, no han resuelto nada.

Lo que les han comunicado es que “en Planificación no pueden hacer los dictámenes porque los documentos legales de estas construcciones no aparecen en la Dirección Municipal de la Vivienda”.

Por si fuera poco, el hombre relata “que los quieren declarar ocupantes ilegales”.

“¿Quién es el responsable de la pérdida de estos documentos?, ¿por qué hay que continuar ilegal cuando solo queremos pagar al Estado nuestra casa y tener una vida con menos preocupación?”

La respuesta es sencilla. El responsable se sabe quién es. Lo que Pepe no lo dice.

Ariel P.

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