Joe Biden y el fin de las cárceles privadas en EEUU

El negocio de las cárceles privadas tiene los días contados con la administración Biden. El presidente afirma que EE.UU. tiene que cambiar y ha prometido trabajar en la equidad social.

¿Esta medida representa todo eso que él quiere? ¿Es adecuada?

El presidente de los EE.UU. Joe Biden ha ordenado al Departamento de Justicia de los EE.UU. que ponga fin a los contratos con cárceles privadas como parte del impulso de equidad racial que pretende llevar a cabo en los EE.UU. La decisión, les adelanto, es de por sí controversial.

Este es uno de los múltiples puntos nuevos de la agenda de justicia racial con enfoque amplio e inclusivo que pretende llevar a cabo Joe Biden en los EE.UU.

Ha sido, además, una de las cuatro nuevas acciones ejecutivas después de que Biden presentó su plan de equidad racial. Tienen como objetivo combatir las prácticas habitacionales discriminatorias, reformar el sistema penitenciario, respetar la soberanía de los gobiernos tribales y combatir la xenofobia contra los asiáticoamericanos, especialmente a la luz de la pandemia de Covid.

“Me postulé para presidente porque creo que estamos en una batalla por el alma de esta nación”, dijo Biden antes de firmar las acciones.

“La simple verdad es que nuestra alma estará atribulada mientras se permita que persista el racismo sistémico”.

Lo cierto es que bastaría ver unos pocos documentales claves en Netflix para darse uno cuenta de cómo las cárceles en los EE.UU. se convirtieron en un verdadero negocio; donde prolifera además el racismo sistémico.

Tanto, que no pocos juristas de gran rango en EE.UU. han afirmado que el sistema de justicia de los EE.UU. lejos de evolucionar ha involucionado. Algunos dicen que la máxima de “eres inocente hasta que no se pruebe lo contrario” se convirtió en un “eres culpable, sino tienes dinero para pagarte un buen abogado”. Se conoce quiénes son los que económicamente no se pueden pagar un buen abogado que los libre o saque de la cárcel.

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Muchos, por cierto, ahora, están preocupados por la medida pues pudiera significar un aumento de la criminalidad en EE.UU.

Ni tanto. Y aclaro, puede ser este es un asunto de criterio. Un asunto de criterio que además está sustentado por datos. Es abrumadora la cantidad de afroamericanos presos en EE.UU. por delitos, que si los hubiese cometido una persona de la raza blanca se hubiese ido a su casa con un regañón policial. Simple como eso.

Menos cárceles privadas implicaría que el gobierno -policía y fiscalía- ya no tendría “cárceles” para encarcelar a cualquier persona por delitos que cualquier multa o trabajo social -digamos- pudiese solucionar.

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Esta mañana Joe Biden expresó:

“Creo firmemente que la nación está lista para cambiar, pero el gobierno también tiene que cambiar”.

El problema con las cárceles “privadas” es que además se cometen cientos de violaciones cada año, sin que prime una responsabilidad sobre los derechos del individuo encarcelado. Es que además el lobbismo es escandaloso. A nivel de estado y de gobiernos locales, también. Es un verdadero negocio mantener a una persona presa. Un negocio donde todos salen ganando, excepto el reo.

Este negocio tiene que cambiar de algún modo.

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Los motivos de Biden

El memo de la orden ejecutiva ordena también al Departamento de Justicia que se asocie con esas comunidades para prevenir los delitos de odio y el acoso en su contra.

“Para demasiadas familias estadounidenses, el racismo sistémico y la desigualdad en nuestra economía, leyes e instituciones, todavía ponen el sueño americano lejos de su alcance”, dijo la asesora de política nacional Susan Rice en una rueda de prensa que precedió al discurso.

“Estos son tiempos desesperados para muchos estadounidenses, y todos los estadounidenses necesitan una acción federal urgente para enfrentar este momento”, dijo Rice.

“Construir una economía más equitativa es esencial si los estadounidenses van a competir y prosperar en el siglo XXI”, agregó.

Rice señaló en el informe que la orden de Biden al Departamento de Justicia no se aplica a los contratos de prisiones privadas con otras agencias, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esa orden “guarda silencio sobre lo que puede o no suceder con las instalaciones de ICE”, dijo, al tiempo que enfatizó que las últimas acciones son “solo el comienzo” del impulso de equidad racial de la administración.

Roberto A.

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