FBI busca conexión entre legisladores y atacantes al Capitolio

El  FBI comenzó a proteger miles de registros telefónicos y electrónicos conectados a personas en el lugar de los disturbios del pasado 6 de enero, en Washington, incluidos algunos relacionados con miembros del Congreso. El hecho, dentro de la investigación del FBI, plantea cuestiones constitucionales espinosas. ¿Habrá senadores conectados y en contacto con algunos de los asaltantes?

Eso es lo que busca dilucidar el FBI al usar sus poderes especiales de emergencia, para recopilar una gran cantidad de datos y comunicaciones de teléfonos celulares privados.

Ya han avanzado bastante con los videos que los alborotadores compartieron ampliamente en las redes sociales. Ahora, con los datos en sus manos de las torres de telefonía celular en el área, buscan no solo saber quiénes estaban allí, sino si alguno de ellos tuvo “acceso” a información confidencial desde dentro.

El FBI ha aclarado que sólo anda detrás de los registros de llamadas y de los SMS enviados y recibidos, y no del contenido de los teléfonos. Aquellos preocupados por fotos íntimas, tranquilos, el FBI no anda tras eso.

Ahora bien, lo interesante de esta investigación es que los datos de la telefonía celular -récords telefónicos- incluyen además, muchos registros de los miembros del Congreso y miembros del personal que estuvieron en el Capitolio el pasado 6 de enero; día en que se certificó finalmente la victoria electoral del presidente Joe Biden.

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Un alto funcionario del FBI recientemente retirado dijo a los medios que están “registrando torres de telefonía móvil y teléfonos que hacen ping en los sitios de telefonía móvil en el área para determinar los visitantes del Capitolio”.

Según este informante, el FBI busca “mapear vínculos entre sospechosos, que incluyen miembros del Congreso”.

Esa participación “indica un enfoque en los funcionarios públicos, es decir, la policía del Capitolio y los miembros del Congreso”, añadió el funcionario retirado del FBI.

El problema, ahora, es que la búsqueda de registros de miembros del Congreso se encuentra ceñida bajo las protecciones que otorga la cláusula de discurso o debate de la Constitución, que protege el trabajo legislativo del Congreso de la interferencia del poder ejecutivo.

Ya en el 2007, cuando se investigó un caso de corrupción contra el exrepresentante William Jefferson, demócrata de La., un tribunal de apelaciones dictaminó que el FBI había confiscado indebidamente material de su oficina en el Congreso.

Un reporte de CNN dice que los datos recopilados hasta ahora incluyen indicios de contacto con legisladores en los días cercanos al 6 de enero, así como comunicaciones entre presuntos alborotadores que involucran “asociaciones con miembros del Congreso”.

Los funcionarios del Departamento de Justicia han asignado a más de dos docenas de fiscales, incluidos algunos de fuera de Washington. Todos buscan, de acuerdo con la versión de CNN, “profundizar en cuestiones más complejas, incluida la posible financiación de insurrectos y si figuras políticas, incluidos legisladores y personal, ayudaron en el ataque”.

Las autoridades anunciaron solo un puñado de arrestos el 6 de enero, y el FBI y otras agencias posteriormente enfocaron sus esfuerzos en todo el país para encontrar a los alborotadores. Esta investigación va, decididamente, mucho más allá.

Ariel P.

con información de medios.