Carnival, primera empresa demandada por litigantes de propiedades en Cuba

Dos demandas contra la empresa Carnival abrieron este jueves las demandas en la Corte de Miami, por litigios relacionados con propiedades confiscadas en Cuba por parte del gobierno de la isla.

Amparados por la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, los litigantes de varias de estas propiedades confiscadas por La Habana comenzarán a presentar sus demandas luego de 23 años de espera. Fue en el año 1996 que la Ley fue aprobada por el entonces presidente norteamericano Bill Clinton, pero este carril tercero había venido postergándose por sucesivas administraciones debido al embrollo legal que trae aparejado. Sin embargo, la batalla legal ha comenzado este jueves en los tribunales federales de Estados Unidos.

Y será compleja.

Diversas fuentes consultadas si bien reconocen la justeza de las demandas, aseguran que será un proceso largo, altamente costoso y difícil de sortear en los tribunales. Se exigirán pruebas en algunos casos; pruebas que ni siquiera algunos de los demandantes poseen.  A pesar de todo eso, Nick Gutiérrez, consejero legal de los demandantes dijo a Cibercuba que este es “un día histórico“. Y en verdad lo es.

Sobre todo será un día para marcar con piedra negra por parte de los ejecutivos de Carnival. La compañía de cruceros será la primera que enfrentará el reclamo por parte de dos familias que exigirán ser recompensadas por el uso de sus propiedades incautadas en la isla: los puertos de La Habana y Santiago de Cuba.

Carnival, una de las pioneras en el boom de los cruceros a la isla deberá responder – dice Cibercuba – “ante el neurocirujano Javier García Bengochea, propietario legítimo de la firma La Marítima Parreño, que tuvo posesión de la terminal principal del puerto de Santiago de Cuba hasta 1960; y Mickael Behn, integrante de la familia dueña de Havana Docks Corporation, compañía que ocupaba una importante zona de operaciones en el puerto de La Habana, con tres muelles y varios edificios que le fueron expropiados en 1961.”

AP dice que el abuelo de Behn, es el estadounidense William C. Behn, quien al momento de la expropiación en el año 1960, era el presidente de la empresa Havana Docks, “dueña de tres muelles confiscados 1960“. Bengochea, un neurocirujano residente en el noreste de Florida, pide unos 20 millones de dólares en compensación por la expropiación de la empresa confiscada La Marítima, que operaba el puerto de Santiago de Cuba. El galeno posee el 80% del paquete accionario.

“Queremos justicia”, dijo Bob Martínez, el abogado que representa a los dos. “Esto fue un robo, y queremos compensación por el uso ilegal de estas propiedades”.

Para algunos, dice AP, presentar ya la demanda es un problema. Tal y como apunta Cibercuba, los querellantes deberán pagar un fee de más de $6500 dólares para interponer las demandas en los tribunales.

La abogada Aymee Valdivia, del bufete Holland & Knight, que representa a compañías de cruceros y cadenas hoteleras que podrían ser demandadas dijo que “no es fácil que un demandante cumpla con todas las condiciones que requiere la ley para presentar una demanda válida”.

“Hay temas que aún no quedan claros”, dijo, al referirse al cómo se va a interpretar y posteriormente aplicar dentro del marco legal el concepto de “tráfico con propiedades”.

¿De “cuánto” estamos hablando?

De acuerdo con datos aportados por el Departamento de Justicia estamos hablando de aproximadamente entre unos 8 y 9.000 millones de dólares, correspondientes a 5,913 reclamos clasificados como meritorios. Las propiedades al momento de ser confiscadas fueron valoradas en $1,902 millones de dólares, pero acumulando un interés del 6 % anual desde la confiscación se ha llegado a esta cifra; aunque, contrario a este criterio, existe un informe de informe de la CCDF, en el que se explica que “solo 817 reclamaciones tienen un valor original que supera los $50,000 dólares, que es el requisito exigido para demandar compensaciones por la Ley Helms-Burton.”

Sin embargo, estas cifras pudieran aumentar.

Kimberly Breier, a quien AP define como “la principal diplomática estadounidense para las Américas“, asegura que existen otras “200.000 reclamaciones sin certificar que ascenderían a decenas de miles de millones de dólares“, solo que muchas de ellas no superan esos $50 mil dólares en el valor original.

Pero entre las que sí están valoradas por encima de esa cifra están las propiedades que reclamará en su demanda, José Ramón López.

López es el heredero legítimo de una familia que poseía tres hoteles en La Habana, además del Aeropuerto de La Habana y de la compañía Cubana de Aviación. El anciano, de 65 años de edad, espera estar vivo para recibir su compensación.

Y no es el único.

Entre 131 -92 corporaciones y otras 39 personas “tienen reclamaciones admitidas por $1 millón de dólares o más”, y otras 48 “superan en sus asignaciones los $5 millones”, explica en Cibercuba el destacado periodista Wilfredo Cancio. Entre estas últimas “certificadas” está la Compañía Cubana de Electricidad, por un monto de $267.5 millones de dólares.

También, en el listado, se encuentran la United Fruit Company, Texaco, Esso (hoy ExxonMobile), Sinclair “y 36 centrales azucareros, entre otras propiedades.”

Lista de posibles demandantes cubanoamericanos sin certificación de sus propiedades

• Familia Sánchez Hill. Jorge Latour Sánchez, descendiente de Rafael Lucas Sánchez Hill. Propietario de un terreno de 40 mil hectáreas en las playas Gibara y Yaraguanal, en Holguín. Preparan demandas contra las cadenas españolas Meliá (hoteles Sol Río de Luna y Mares, y Paradisus Río de Oro) y Blau (hoteles Costa Verde, y Playa Costa Verde). La familia está reconocida como dueña de esos terrenos por el Departamento de Estado y tiene ya presentado un caso contra Meliá en España.
• José Ramón López, hijo del antiguo presidente y principal accionista de Cubana de Aviación, José López Vilaboy, también dueño del aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana. Demandas contra compañías francesas Bouygues y Aeropuertos de París, que gestionan el Aeropuerto Internacional “José Martí”, y contra aerolíneas que operan allí como LATAM (Chile) y Copa (Panamá).
• Familia Castillo-Pokorny, propietaria de la playa El Salado en La Habana, Zona Especial de Desarrollo del Mariel. En el lugar se planea un megaproyecto de campo de golf con participación del grupo español Globalia.
• Familia Gómez Mena, propietaria de la Manzana de Gómez, en el casco histórico de La Habana vieja. Hotel Manzana Kempinski, gestionado por la cadena suiza Kempinski.
• Familia Carrillo Albornoz, propietaria de la destilería de Santa Cruz del Norte, Mayabeque, donde se elabora el ron Havana Club. Demanda contra la sociedad conjunta franco-cubana Pernod Ricard y Corporación Cuba-Ron.
• Familia Mata, propietaria del Hotel San Carlos en Cienfuegos, administrado por Meliá.
• Familias Carranza Bernal, Carbonell González y Blanco Rosell, propietarias de centrales azucareros en terrenos que ocupa hoy la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
• Familia Gutiérrez Castaño, propietaria de muelles en la bahía de Cienfuegos donde atracan crucero, y de una residencia en La Habana que ocupa la firma inglesa de seguros Lloyd’s of London.

agradecemos para la confección de este artículo al portal de noticias Cibercuba y al periodista Wilfredo Cancio.