Carnival en Cuba: el escabroso camino de la ley en EEUU

La compañía Carnival busca que las cortes norteamericanas analicen con cuidado la demanda por la cual es objeto por “tráficar con propiedades confiscadas en Cuba“, en un caso que sin dudas sentará un precedente judicial en las leyes norteamericanas. De hecho, Carnival aspira a que el juez asignado al caso desestime la demanda, y evitar así el engorroso camino de un juicio.

Así lo reveló la agencia Reuters, quien al citar documentos a los que tuvo acceso a finales de la pasada semana explica que Carnival Corp. aspira a que el proceso ni siquiera llegue a juicio.

Esta demanda, la de Carnival Corp., fue la primera de muchas otras presentadas por herederos de propiedades confiscadas en Cuba contra compañías que “operan” en estas propiedades confiscadas. Un viejo reclamo que ahora es posible, gracias a que la administración de Trump decidió dar un vuelco en la política estadounidense y permitió la entrada en vigor del controversial Título III de la Ley Helms-Burton, cuya derogación se había estado posponiendo desde el año 1996 por sucesivas administraciones norteamericanas.

Pero al amparo de los nuevos tiempos y la nueva política, dos ciudadanos estadounidenses herederos de los dueños  de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba que fueron nacionalizados por tras la llegada al poder de los barbudos de Fidel Castro en 1959, presentaron demandas contra el Carnaval en un Tribunal de Distrito de la Florida, EE. UU., a principios de mayo. Los reclamantes alegan que Carnival estaría – tal y como define la Helms-Burton – “traficando” con propiedades confiscadas; en este caso, los dos puertos cubanos.

“Helms-Burton no tiene ninguna aplicación aquí; primero, según sus propios términos, el tráfico bajo Helms-Burton no incluye los usos de la propiedad para viajes autorizados a Cuba”, expresó Carnival el pasado jueves.

Y es que – cree Carnival – la autorización a los viajes de aviones y cruceros a la isla están aún bajo las licencias otorgadas por el ex presidente Barack Obama, por lo que es un embrollo para el sistema judicial norteamericano darle curso legal a estas reclamaciones.

Por su parte, desde La Habana y España, los directivos de Meliá y Barceló ni siquiera temen que estas medidas afecten a sus cadenas hoteleras, ambas de amplia presencia en el mercado turístico cubano; empresas que supuestamente también operan y “trafican” con propiedades confiscadas o en terrenos confiscados por los revolucionarios a su llegada al poder en 1959.

Según una nota de DW, que recoge declaraciones de Álvaro Pacheco, un portavoz de la cadena hotelera Barceló, “las inversiones realizadas por las cadenas hoteleras españolas en Cuba han sido una historia de éxito”.

“No nos preocupa en absoluto la situación en Cuba‘”, expresó Pacheco, respaldado por las declaraciones hechas por su gobierno y la Unión Europea decididos todos a respaldar y proteger a sus empresarios de la supuesta extraterritorialidad de la Helms-Burton.

Pacheco dijo estar “optimista” de que los negocios españoles en Cuba “seguirán siendo buenos”.