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Cuba

Una ley de 1997 deporta a los cubanos dentro de su propio país

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La ley de 1997 penaliza la migración interna en la isla, eso sí solo si se realiza hacia La Habana, la capital de todos los cubanos

¿Qué tal te sentaría ser declarado ilegal en tu propio país? Quizás desde otra parte del mundo lo consideres inaudito pero, en Cuba, existen leyes capaces de amparar dicho procedimiento.

En efecto, el artículo 8 del Decreto Ley 217/1997 penaliza la migración interna en la isla, eso sí solo si se realiza hacia “la capital de todos los cubanos”. Según la normativa, el déficit habitacional en La Habana llevó a tomar dicha decisión, por lo cual, a fin de “asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás”, se establecen multas de hasta 1 000 pesos a quienes emigren de forma ilegal” dentro del territorio nacional.

No obstante, las personas siguen llegando y “La Habana no aguanta más”. “Quienes venimos lo hacemos por necesidad. A nadie le gusta estar en un lugar donde lo tratan mal, y los habaneros son muy duros con los orientales; nos tildan de ladrones y de sinvergüenzas”, explica Josué, buquenque del parque El Curita.

“Yo vine para acá desde El Dorado, un pueblo cerca de Bayamo, para poder ayudar a mi familia. La cosa allá está difícil: para encontrar comida, la salud, la educación, y no hay cómo inventar unos kilitos de más”, declara Yamilet, dependienta en una cafetería de La Habana Vieja.

“En este trabajo me pagan 150 pesos diarios, son como 4 000 al mes. Con ese dinero puedo mandarle 1 500 a mi mamá para que vaya tirando, además de costearme el alquiler, la ropa y cualquier cosita que pueda surgirme”, continúa la joven.

Aun a expensas de ser atrapados, no pocos se arriesgan, pues “la búsqueda de aquí da para pagar la multa si te cogen. Además, cuando me he visto en aprietos, le paso un menudito al oficial, le meto la muela: ‘somos de la tierra, estamos luchando’ y me suelta”, declara Irán, proveniente de Holguín.

Por otra parte, muchos jóvenes vienen a estudiar desde distintas provincias y deciden quedarse. Dado que las condiciones de trabajo no son las mismas, amén de las posibilidades de “resolver”, los estudiantes buscan un trabajo particular para sostener su estancia.

Un tiempo antes del otorgamiento de plazas, se buscan una dirección en venta. “Cuesta como 100 dólares, aunque últimamente se dificulta bastante y la gente está inflando el precio. Obviamente, la idea no es residir en el domicilio, sino tener los papeles en regla ante cualquier situación”, afirma Andry, estudiante de Contabilidad de la Universidad de La Habana.

La normativa establece la necesidad de un cupo en la vivienda, que deberá ser verificado por las autoridades municipales: “también se les toca con limón. ¡Por la plata baila el mono!”.

Todos coincidimos: una ley de 22 años no puede regir los destinos actuales, pero, según Andry, “no hay otra alternativa. Uno busca resolver para no virar, aunque hay quien lleva años aquí y nunca lo ha parado la policía. Generalmente, uno busca casarse, hacer su vida. Si bien la policía no irrumpe en tu casa a sacarte por la fuerza, la zozobra en la que se vive no es sana para nadie”.

María Carla Prieto

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