La Habana: medidas restrictivas discriminan a discapacitados

Algunas de las medidas aplicadas en La Habana para frenar el contagio han generado acciones arbitrarias contra las personas discapacitas, debido a un serio error del Gobernador de la provincia en una presentación en la televisión cubana.

Durante su intervención en una Mesa Redonda para anunciar las medidas restrictivas, Reinaldo García Zapata cometió una “equivocación entre términos médicos y jurídicos” que afecta a los discapacitados, quienes han sufrido actos de discriminación debido a sus palabras, indica un reciente artículo publicado en El Toque.

En el programa televisivo, este indicó que a los niños y adultos discapacitados no se les permitiría encontrarse en la vía pública y que serían multados sus tutores en caso de hacerlo, lo cual ha provocado una carta de rechazo del Consejo Provincial de la Asociación Nacional de Ciegos (ANCI) ante una medida que vulnera sus derechos.

La misiva, compartida por el conocido periodista Joaquín Borges, expone la costosa confusión y explica que esto “ha ocasionado que en algunas tiendas y/o establecimientos no permitan a las personas con discapacidad el acceso para la adquisición de productos de primera necesidad. Incluso, en una que otra han llegado hasta poner carteles diciendo que allí, en el período que dure esta situación de emergencia, no se le ofrecerá servicio a ninguna persona con discapacidad”.

La ANCI ahonda en su carta que lo expresado por el Gobernador es un error pues la Gaceta Oficial con las medidas “deja claro que los que no pueden circular son los niños e incapacitados judicialmente, o sea personas con incapacidad cognitiva o sicosocial y que han sido previamente así dictaminadas por los tribunales. Ningún otro órgano puede privar de la capacidad jurídica a una persona, como se está haciendo a partir de las interpretaciones dadas después de la errática intervención del gobernador en la mesa redonda y que ha originado un proceder discriminatorio para las personas con discapacidad residentes en La Habana”.

El error del gobernante radica en confundir “incapacitados judicialmente” con “discapacitados”, señala El Toque, que detalla que “las personas discapacitadas no necesariamente tienen que ser personas incapacitadas civilmente. Decir además que quienes responderán por la presencia en las calles (supuestamente prohibida) de los discapacitados son sus tutores, es un imposible jurídico. Los discapacitados no necesitan tutores, solo los incapacitados”.

La asociación manifestaba que pese a sus esfuerzos por entrevistarse con los dirigentes de la provincia, tanto gubernamentales como partidistas, había sido imposible lograrlo, y que estaba atendiendo caso por caso las irregularidades que afectan a los discapacitados.

“Con lo sucedido se corrobora una vez más lo desacertado de establecer políticas para el sector de las personas con discapacidad sin contar previamente con la opinión de éstas, así como la necesidad de que jurídicamente exista en Cuba una ley que regule todo lo concerniente a dicho sector de la población cubana.

“Con sumo respeto, la ANCI en la capital reclama a los dirigentes del Estado en la misma la observancia y cumplimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad, promulgada por las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es signatario, así como del artículo 89 de la Constitución de la República de Cuba y que hoy se están violando, aunque sea involuntariamente y hasta con el ánimo de cuidarnos”, concluya la carta.

Omar Cortázar