CIMEX es “dueño” de 80 propiedades confiscadas en Cuba

El diario Tampa Bay dijo la víspera que tan solo la compañía cubana CIMEX es propietaria de más de 80 compañías, en un artículo dedicado al tema de la implementación del controvertido Título III de la Ley Helms Burton.

Citando al abogado Robert Muse, quien se ocupa de asuntos relacionados con Cuba, este dijo que CIMEX puede tener “varias oficinas, almacenes o fachadas en toda la isla” y que reclamar estas propiedades “podría crear un atasco en los tribunales“.

Muse explicó que “los demandantes podrían argumentar que incluso si su propiedad nacionalizada no es propiedad de una entidad como CIMEX, aún pueden demandar siempre que el negocio en esa tierra respalde a la compañía tenedora.”

El diario citó además a otro abogado, Jason Poblete,  residente en Virginia, quien representa a clientes que tenían propiedades nacionalizadas.

Poblete señaló que “gran parte de esta implementación parcial del Título III sigue sin estar clara,” y dijo que a muchos de los reclamantes o posibles reclamantes, les resultará difícil saber si califican para una demanda porque, entre otras cosas, “los extranjeros no tienen acceso a los registros de propiedad“.

Entre las propiedades que entran en esta batalla legal está el Hotel Habana Riviera, propiedad del mafioso Meyer Lansky. Lanky, con la nacionalización de la instalación perdió $8 millones de dólares, una cifra – o la propiedad – que es reclamada por su heredero legítimo, Guy Rappaport. Sin embargo, como esta exención hecha ahora al Título III deja fuera a las entidades extranjeras, Rappaport tendrá que esperar porque Iberostar de España, “propietario” actual del Riviera no puede ser demandado.

Sin embargo, el Departamento de Estado dijo que revisará las disposiciones una vez que hayan transcurrido los 30 días.

El tema del Riviera se complejiza por cuanto se argumenta de “muchas partes” que el dinero mediante el cual se construyó el hotel no es legal, sino que fue fruto de negocios ilícitos que tenía Lansky.

El diario Washington Post dijo que tras esta decisión de los Estados Unidos, “están en juego potencialmente cientos de miles de reclamaciones“, y que “casi 6,000 de ellas ya se encuentran certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos”. El diario asegura que serán “miles de millones de dólares, y batallas legales y diplomáticas prolongadas con compañías extranjeras y estadounidenses que operan en propiedades reclamadas por los propietarios originales. ”

“La mayoría de los reclamantes existentes y potenciales huyeron de la isla en los años inmediatamente posteriores a que Castro asumiera el gobierno en enero de 1959. Las propiedades van desde casas en la playa de vacaciones hasta algunas de las empresas estatales y de empresas conjuntas más grandes de Cuba. La inteligencia y los servicios militares de Cuba están involucrados en muchas de las empresas, particularmente en el sector del turismo,” explicó el diario y aseveró que esta decisión tiene un aspecto sin precedentes, incluso contrario a la práctica tradicional y el derecho internacional, por cuanto permitirá a personas que en el momento de la expropiación no eran ciudadanos de los EE. UU., ejercer sus derechos ahora como si lo fueran.

La decisión, además, tiene un transfondo político. En el documento dado a conocer este lunes se expresa que “con esta acción estamos incrementando la presión sobre el gobierno cubano. En los próximos días, continuaremos monitoreando el impacto de la suspensión con una excepción y evaluaremos qué medidas adicionales pueden ser necesarias para los intereses nacionales de los Estados Unidos y para acelerar la democracia y apoyar los esfuerzos del pueblo cubano para llevar a cabo la reforma. a su pais También continuaremos alentando a los socios internacionales a responsabilizar a Cuba por apuntalar al régimen de Maduro en Venezuela y presionarlos para que dejen de acosar y detener a activistas pacíficos y periodistas independientes.”

En un texto publicado por la periodista Ana Ribera en Heritage, esta señala que “penalizar al régimen cubano cumple dos propósitos en este momento. Aborda el problema de larga data de reclamaciones no compensadas y también castiga al régimen por el papel desestabilizador que ha desempeñado durante mucho tiempo en Venezuela.”

Se tratan de al menos $8 billones de dólares, considerada la “mayor confiscación jamás compensada de propiedades estadounidenses por parte de un gobierno extranjero en la historia“.