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Con la participación, mediante videoconferencia del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y presidido por Esteban Lazo Hernández, sesionó este jueves el Consejo de Estado de la República de Cuba, de acuerdo con la información de Cubadebate.

Se aprobaron dos decretos leyes. El primero instituye la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los conductores profesionales de vehículos, incluidos los del sector no estatal, con el objetivo de cubrir los daños o pérdidas materiales, la muerte, lesiones o perjuicios que puedan ocasionar a personas naturales o jurídicas en sus bienes o integridad personal.

Una medida que en cualquier otro país del mundo funcionaría a las mil maravillas, pero que, en el caso cubano, con las evidentes fallas en su Sistema de Justicia cuando de pelea de león para mono se trata, está más que demostrado que no funciona. El propio diario oficialista Juventud Rebelde, a través de la sección Acuse de Recibo, es testigo de cómo, solo a través de un engorroso proceso y no siempre fructífero, los ciudadanos cubanos logran ser resarcidos por las pérdidas que infligen diversas entidades del país.

La experiencia nos dicta que con este caso pudiera suceder igual.

Diferente es en el caso de los “no- estatales”. Siempre que la pelea sea entre o contra particulares, este asunto pudiera resolverse; al menos con cárcel contra el victimario, que ahora es víctima, pues tendrá que sacar de su bolsillo una importante suma de dinero que deberá pagar rigurosamente él, mes tras mes para, en caso de accidente, cubrir las pérdidas.

Dice el decreto que “se exceptúan de la aplicación de esta disposición normativa los conductores que desempeñan esa función en los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior,” y se desprende de aquí que si un auto del Ministerio del Interior o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, impacta a otro auto y provoca daños no será el seguro del conductor quién resarcirá al afectado, aunque ¿tampoco se asegura que sea el Estado quien asume esas pérdidas?

El segundo establece las definiciones, objetivos, principios generales y normas básicas para la aplicación y control del sistema de trabajo con los vinculados al Estado y al Gobierno y sus reservas. También evalúa las propuestas realizadas por las Asambleas Municipales del Poder Popular sobre la profesionalización de presidentes de sus comisiones permanentes de trabajo.

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por Roberto A.

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