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¿Qué se dice en Cuba sobre la “legalidad” de las ciberclarias?

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Hackers, Bots, Trolls, Ciberclarias, escuelas, hackeo animalistas

Las ciberclarias y quienes las secundan y alimentan operarán ahora más a sus anchas. El Artículo 110.1 del Decreto Ley 389 les confiere “legalidad”

El gobierno de la isla les ha dado el pistoletazo de salida a las ciberclarias y a sus “criadores”. A escasos meses del escándalo con la aplicación de origen nacional Sijú, la cual presuntamente guardaba archivos de audio, conversaciones e imágenes en una carpeta oculta, sin destino aparente; las autoridades hacen legal el espionaje a los ciudadanos.

De acuerdo con el Artículo 110.1 del Decreto Ley número 389, modificativo del Derecho Penal, la vigilancia electrónica o de otro tipo, forma parte del grupo de “técnicas especiales de investigación” y quedan avaladas mediante dicha ley.

En cualquier país del mundo esta sería una violación de la privacidad, a realizarse de forma encubierta, como de seguro se ha venido haciendo hasta el momento. Sin embargo, una vez descubiertas sus maniobras, las autoridades de la mayor de las Antillas debieron quemar las naves, autorizando su intromisión en los asuntos digitales del pueblo, so pretexto de actuar contra el lavado de activos.

Según el marco legal, el instructor penal solicitará los permisos correspondientes a la fiscalía con anterioridad o 24 horas después de aplicadas las técnicas. Es decir: no tienes escapatoria.

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El suceso no nos es ajeno. “Ya desde hace tiempo uno tiene la costumbre de hablar seco por los teléfonos, móvil o fijo. Las cosas importantes siempre las vemos frente a frente”, declara Christian.

Con esta medida los dirigentes solo muestran un auténtico desconocimiento de los límites: “Eso de que el gobierno escuche mis conversaciones, me grabe en video e intervenga mi correo no me gusta. Teniendo en cuenta que en este país no se hace un trabajo de inteligencia responsable y las investigaciones policiales dependen invariablemente del chivatón, la vigilancia a los ciudadanos se pondrá a la orden del día”, advierte Lázaro, cuentapropista de La Habana Vieja.

Por su parte, María Alejandra teme a su futuro laboral. Estudiante de tercer año de la carrera de Informática en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), piensa que “de democratizarse las escuchas, nos pondrán a los recién graduados a crear programas para meternos en la vida de la gente”.

A muchos les parece inaudito que en un país aquejado por una crisis económica severa, se creen puestos de trabajo cuyo único contenido sea el de escuchar conversaciones ajenas. “Seguro les pagan hasta más. Nos piden resistencia y crean puestos de trabajo, climatizados y con buenas condiciones, para los chivatos. ¿No se criticaba a los soplones en 1957?”, explica Daniel, empleado de farmacia.

Por si esto fuera poco, la ordenanza impone penas de cárcel a quien “recaude, transporte, provea o tenga en su poder fondos o recursos financieros y materiales con el propósito de que se utilicen en su totalidad o en parte en la comisión de actos terroristas”. ¿Qué definición tiene este concepto en un país donde el término “contrarrevolución” existe y es castigado? ¿Serán acaso tratados de tal manera los periodistas independientes y los miembros de las organizaciones opositoras a lo largo de la isla?

Casi puedo asegurarlo, mas no vi ninguna disposición especial hablando de las posibilidades de defensa del ciudadano. Por supuesto, no podremos recurrir a ninguna de las actividades de vigilancia aplicadas para con nosotros, incluso cuando se hayan puesto en práctica erróneamente.

Entonces, ¿para qué el referendo constitucional? De acuerdo con el artículo 50 de la actual Carta Magna, la inviolabilidad de la correspondencia está legislada. ¿Será cambiado el texto de este apartado como los mandamientos animales de Rebelión en la granja, la novela de George Orwell? No sabemos.

Sin dudas, otro libretazo. “Para mí no representa nada significativo. Desde el 59 te vigilan el CDR; el Jefe de Sector pasa por tu casa a joder cada vez que se aburre; en el trabajo, te ponen un correo estatal –en mi centro, obligatorio- por la imposibilidad de acceder al contenido de Gmail y la necesidad de saber el tema de tus mensajes, en fin. Nada nuevo”, afirma Libán, trabajador del grupo azucarero AZCUBA.

María Carla Prieto


 

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