México dejó de ser tránsito para muchos cubanos y se convirtió en destino forzoso. En Cancún los apedrearon. En Chiapas los abandonaron. La misma semana, el mismo país, el mismo patrón.
Un informe de 66 páginas publicado este miércoles por Human Rights Watch revela que entre enero de 2025 y marzo de 2026 la administración Trump deportó a casi 13.000 nacionales de terceros países a México, de los cuales 4.353 eran cubanos —el grupo más numeroso—. Los enviaron al sur de México, principalmente a Tapachula y Villahermosa, ciudades con altos niveles de violencia y sin capacidad para absorber esa demanda de servicios básicos.
Apoyaron la mano dura con La Habana. Pero el 68% desaprueba las deportaciones de cubanos sin antecedentes. Y los números del ICE confirman que la promesa de limpiar criminales no se cumplió.
La expansión de redadas migratorias y la creciente colaboración entre policías locales e ICE intensifican el debate en EE.UU., mientras un cierre parcial del gobierno refleja el choque político sobre cómo deben aplicarse las leyes migratorias.
En una misma semana, ICE quedó en el centro de incidentes que van desde un arresto en Texas y una deportación ordenada a un tercer país, hasta protestas en Minneapolis y un reporte sobre fallos de IA en la agencia.
Familiares identifican a Marcos Alejandro Ávila Íñiguez como uno de los 22 migrantes cubanos trasladados desde EE. UU. a la Base Naval de Guantánamo, en medio del silencio oficial y la falta de listas públicas.
Nuevos datos revelan que casi 75 000 de las 222 000 personas arrestadas por ICE en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump no tenían antecedentes penales. En paralelo, casos como el del somalí Abdul Dahir Ibrahim, el ataque con perro contra Wilmer Toledo-Martínez y la detención del líder comunitario Abdulkadir Sharif Abdi muestran un panorama de detenciones que va mucho más allá de los “criminales peligrosos” que proclama la Casa Blanca.
