El cerco financiero sobre el régimen de La Habana continúa estrechándose de manera acelerada. Este lunes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio un paso contundente al ampliar su red de penalizaciones, incorporando a 10 entidades gubernamentales a la temida Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Esta medida, cobijada bajo el programa de sanciones CUBA-EO14404, representa un golpe directo tanto a la maquinaria represiva del Estado como a sus pilares empresariales y ministerios más rentables.
La operación, ejecutada directamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), no llegó sola. De manera simultánea, el Departamento de Estado emitió una contundente declaratoria oficial titulada «Further Sanctions on the Cuban Regime’s Sources of Funding and Tools of Oppression» («Más sanciones a las fuentes de financiamiento y herramientas de opresión del régimen cubano»), dejando claras las intenciones de Washington de desmantelar el aparato financiero de la dictadura.
Dentro del plano represivo, el castigo estadounidense recayó sobre tres agrupaciones con un oscuro historial de violencia contra la disidencia pacífica. En primer lugar, se incluyó a las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), fundadas en enero de 1980, y a las infames Brigadas de Respuesta Rápida (BRR), creadas en junio de 1991. Estas últimas fueron pieza clave del gobierno durante el estallido social del 11 de julio de 2021, jornada en la que sus miembros salieron a las calles de todo el país armados con palos y objetos contundentes para agredir brutalmente a los manifestantes. A este grupo se suma la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), establecida en diciembre de 1993. Aunque la OFAC la clasifica en sus registros como una organización de la sociedad civil, múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos la señalan directamente como el brazo ejecutor de continuos actos de repudio, agresiones físicas y amenazas contra la oposición.
El impacto económico de estas medidas también es devastador para el aparato estatal. La administración norteamericana bloqueó las operaciones del Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX) y la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (OSDE Caudal). Sin embargo, la sanción más mediática dentro de este renglón fue la aplicada al Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR). Este castigo aterriza en el peor momento posible para la industria sin chimeneas de la isla, la cual viene de reportar un desplome catastrófico del 48% en la llegada de visitantes internacionales durante el primer trimestre de 2026, logrando captar apenas 298,057 turistas.
Por otro lado, la ofensiva también apuntó directamente a los combustibles y al poderío militar, designando a COREYDAN S.A. y ENETEC S.A., ambas vinculadas a la energía, y a la Corporación Antillana Exportadora S.A. (ANTEX). La propia lista SDN especifica que ANTEX guarda relación directa con el conglomerado militar GAESA, una macroempresa que ya había sido sancionada previamente el pasado 7 de mayo junto con su presidenta, Ania Lastres Morera.
Esta escalada de bloqueos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia ininterrumpida que tomó fuerza a partir del 1 de mayo de 2026. Ese día, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, un documento que abrió el paraguas legal para imponer sanciones secundarias y abarcar áreas críticas como las finanzas, la minería, la defensa y la energía.
Desde la rúbrica de dicha orden, la asfixia ha sido progresiva y constante. El calendario de castigos muestra que el 18 de mayo cayeron en la lista la DGI, el MININT y la PNR; semanas después, el 4 de junio, fue el turno de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el ICAP; mientras que el 11 de junio la penalización golpeó a CUPET. En total, la Casa Blanca ha acumulado más de 240 medidas restrictivas contra el gobierno de La Habana desde enero de 2026.
La contundencia de esta jornada histórica no debería tomar por sorpresa al Palacio de la Revolución. El propio Departamento de Estado ya había dejado una advertencia sumamente clara el pasado mes de mayo, asegurando que «se anticipan más sanciones en los días y semanas posteriores», una promesa implacable que este lunes se tradujo en la ronda de designaciones más abarcadora desde que iniciara esta nueva ofensiva diplomática.
