Durante las operaciones humanitarias que siguieron a los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio —magnitudes 7.2 y 7.5, con miles de muertos y desaparecidos— circularon fotografías que mostraban a John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, junto a Diosdado Cabello, alto funcionario del gobierno venezolano.
El problema: Cabello es considerado narcoterrorista por el Departamento de Justicia de EEUU desde 2020. El Departamento del Tesoro lo sancionó desde 2018 por corrupción y narcotráfico. En enero de 2025 la recompensa por su captura fue elevada a 25 millones de dólares, y en mayo de 2026 el secretario de Estado Marco Rubio reafirmó esa postura ante el Congreso.
En una rueda de prensa virtual posterior, un periodista de NTN24 preguntó directamente a Barrett si la recompensa seguía vigente. El diplomático no respondió. Centró toda su intervención en la respuesta humanitaria al terremoto. «El Departamento de Estado está centrado al cien por cien en la respuesta al terremoto devastador en Venezuela», declaró, desviando sin más la pregunta.
La reacción en el Congreso fue más directa. El representante Carlos Giménez reiteró públicamente que la recompensa sigue en pie y que una misión humanitaria no cambia las acusaciones que pesan sobre Cabello. El opositor venezolano José Amalio Graterol comparó la imagen de Barrett con Cabello con una fotografía junto a un criminal.
El caso Cabello tiene relevancia directa para la audiencia cubana. Venezuela bajo Maduro fue el principal sostén energético de Cuba durante dos décadas. La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y el corte del suministro petrolero venezolano es una de las causas directas de la actual crisis de apagones en la isla. Cabello es parte del entramado chavista que sostuvo al régimen cubano y que ahora negocia su propia supervivencia con Washington.
Que el diplomático estadounidense en Caracas comparta espacio con Cabello en operaciones humanitarias sin que nadie en Washington quiera aclarar el estatus de su recompensa de 25 millones sugiere que la política de EEUU hacia los aliados del castrismo es más pragmática —y más opaca— de lo que el discurso oficial indica.
