El gobierno de Cuba, que ha sido hábil durante más de seis décacadas para culpar a su similar de los EE.UU. de su incapacidad gubernamental, plantea la tesis de que esos migrantes no se marchan por problemas políticos - como si en Cuba la política orientada por el único partido político permitido no afectara toda la visa socio-económica -, si no que se marchan por una situación "coyuntural"; una crisis perenne, marcada por el embargo económico de los EE.UU. a Cuba, y acrecentada por la pandemia de la COVID-19.
La senadora Amy Klobuchar de Minnesota, junto con este grupo bipartidista de senadores, está detrás también de la legislación destinada a levantar el embargo comercial contra Cuba, vigente desde 1960.
Al escribirle al Congreso para explicar la extensión, Biden afirmó que “persiste la necesidad de continuar con esta emergencia nacional, basada en una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los EEUU relacionadas con Cuba”.
Se trata de los mismos fiscales que a finales de enero interpusieron una demanda en la corte para poner fin a la iniciativa gubernamental que permite el otorgamiento de hasta 30 mil permisos de entrada a Estados Unidos cada mes.
Los inmigrantes cubanos que ingresen a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario implementado por la Administración de Joe Biden tendrán la posibilidad de recibir hasta 400 dólares mensuales de ayuda federal durante ocho meses.
Las rondas de diálogo entre funcionarios de alto rango de la Administración del presidente estadounidense Joe Biden y el gobierno cubano ocurrirán este miércoles y el jueves en La Habana, según confirmó un portavoz del Departamento
