Cuba se está moviendo. No al ritmo que exige la crisis ni en la dirección que muchos reclaman, pero se está moviendo. En medio de apagones prolongados, escasez de combustible y un deterioro sostenido de servicios básicos, el gobierno ha comenzado a activar una serie de ajustes económicos que durante años evitó o aplicó de forma limitada.
Dos «expertos» cubanos, desde la isla, actores económicos confluyen en este detalle: «El problema no es que no haya cambios. El problema es cuándo llegan y hasta dónde llegan.» Un tercero, tan «experto» como los dos anteriores —los tres son cuentapropistas en la provincia de Cienfuegos— pregunta: «Entonces… ¿dónde está el bloqueo? ¿Aquí dentro, no?
Uno de los movimientos más recientes es el Decreto-Ley 114/2025, en vigor desde abril, que regula las asociaciones entre entidades estatales y actores privados. La norma permite la creación de empresas mixtas, la adquisición de participaciones en negocios existentes y acuerdos de asociación económica en prácticamente todos los sectores. El objetivo declarado es atraer inversión, generar empleo y dinamizar una economía asfixiada por la falta de recursos. En la práctica, supone reconocer que el sector estatal ya no puede sostener por sí solo el funcionamiento del país.
Pero esa apertura llega en un momento límite; más que límite, crítico. La isla enfrenta una crisis energética que afecta el sistema eléctrico, la producción industrial, el transporte y los servicios de salud. Toda actividad productiva depende de un consumo eléctrico que recae sobre un sistema energético que ya opera al límite y sin margen para nuevas fallas. La termoeléctrica menos vieja —aquí ya no puede hablarse de «más moderna»— a cada rato que entra en el sistema, sale a las 24 y 48 horas. La mayoría de las veces por una ponchadura en la caldera.
La medida no surge como parte de un rediseño anticipado del modelo económico, sino como respuesta a una presión acumulada que ya compromete la operatividad del país. El cambio existe, pero llega cuando el margen de maniobra es mínimo.
Algo similar ocurre con la descentralización. A inicios de 2026, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la transferencia de competencias a los municipios para gestionar y autorizar actores económicos, incluidas las mipymes. La medida busca agilizar decisiones, acercar la gestión al territorio y reducir la carga burocrática central.
Es un paso relevante dentro de un sistema históricamente centralizado, pero también tardío y todavía queda por ver cómo el Estado fiscalizará «ideológicamente» el proceso. Igualmente, está por probarse que puedan recibir de manera justa lo que les corresponda, sin que el fenómeno de la corrupción lo empañe.
Otro detalle. Durante años, los gobiernos locales operaron con escasa capacidad real para decidir sobre su propia economía. Sus cuadros no están adaptados a pensar e innovar, sin consultar antes. No pocas veces que han tenido una iniciativa privada, esta ha servido para la especulación, el robo, y en ocasiones hasta «en daños a la imagen del país».
El patrón se repite también en el sector energético. Cuba no rechazó formalmente las energías renovables; de hecho, desde 2014 el propio Estado fijó como meta que estas cubrieran 24% de la generación eléctrica para 2030. El problema fue otro: durante años las dejó en un segundo plano, subordinadas a un esquema centralizado, dependiente del petróleo importado y sostenido por un parque termoeléctrico cada vez más envejecido. En 2017, Reuters ya advertía que la isla seguía anclada en apenas 4% de generación renovable y que el salto requería miles de millones en inversión. La apuesta existía en el papel, pero avanzaba con una lentitud incompatible con el deterioro real del sistema.
Esa lentitud también se reflejó en el acceso privado a la tecnología. No fue hasta julio de 2021 que el Ministerio de Energía y Minas aprobó por resolución la importación de sistemas fotovoltaicos por personas naturales. Es decir, mientras el país acumulaba años de apagones, dependencia externa y vulnerabilidad estructural, la posibilidad de que un ciudadano importara legalmente paneles solares para aliviar su propio consumo seguía restringida. La apertura llegó, pero llegó tarde.
Por eso la actual aceleración de parques solares no puede leerse como una apuesta temprana ni como una política visionaria. Reuters reportó en 2025 que Cuba activó un plan para instalar más de 50 parques solares en un solo año, dentro de una estrategia más amplia de 92 parques, después de varios colapsos del sistema eléctrico que dejaron a millones de personas sin servicio. El giro existe, sí, pero no nació de una anticipación técnica sino de una urgencia extrema: el modelo no negó las renovables, simplemente las postergó hasta que la crisis eléctrica obligó a correr.
Estos ajustes configuran una línea clara: el modelo se adapta bajo presión. No hay un abandono del control estatal ni una liberalización estructural, sino una apertura administrada que busca oxígeno sin ceder el control político. El Estado amplía el espacio del sector privado, descentraliza funciones y flexibiliza ciertas reglas, pero mantiene el marco general intacto. Y el límite es más evidente.
Mientras se introducen reformas económicas, no hay señales equivalentes en el terreno político. La liberación reciente de más de 2.000 presos fue presentada como gesto humanitario, pero organizaciones y reportes internacionales han señalado que no implica una apertura política verificable ni una excarcelación amplia de opositores. La Constitución vigente mantiene al Partido Comunista como única fuerza política reconocida, lo que impide la creación de partidos dentro del marco legal actual.
Esa asimetría no es nueva. Desde hace años, el sistema ha mostrado disposición a introducir cambios económicos controlados, pero una resistencia sostenida a reformas políticas que puedan alterar la estructura del poder. El resultado es un modelo que se flexibiliza en lo productivo y se mantiene rígido en lo institucional.
Digámoslo del modo en el que casi todos confluyen: en Cuba, si no hay un cambio político, jamás habrá un verdadero cambio económico.
También persiste una desconexión con parte de la sociedad civil. En un contexto donde incluso sectores críticos del gobierno rechazan el embargo estadounidense, no se observa un canal estable de interlocución con ese disenso. Las decisiones siguen fluyendo de arriba hacia abajo, en un esquema vertical y sancionador, que prioriza la estabilidad del aparato estatal sobre la integración de nuevas voces.
Esa lógica se apoya en lo que en Cuba se conoce como política de cuadros: una estructura de dirección basada en designaciones internas, donde la promoción depende más de la fidelidad al sistema que de la capacidad técnica o la innovación. En momentos de crisis profunda, ese modelo enfrenta tensiones evidentes. La necesidad de gestionar una economía compleja choca con una cultura administrativa diseñada para el control, no para la adaptación rápida.
El contexto histórico no es menos significativo. Durante décadas, Cuba destinó recursos significativos a su proyección internacional, incluyendo apoyo a movimientos y conflictos en África y América Latina durante la Guerra Fría. Durante años recibió petróleo regalado de la URSS con el que podía sostener su economía productora de azúcar, sin mucho margen de ganancia.
Cuando desapareció la URSS y el azúcar dejó de ser rentable en el mercado internacional, Fidel Castro procedió a desmontar buena parte de la industria azucarera en 2002, cerrando centrales y reduciendo drásticamente la producción. Aquella decisión respondía a años de precios deprimidos y a una estructura que ya no era viable sin subsidios soviéticos. Pero el problema es que el mercado no se quedó quieto: pocos años después, el azúcar volvió a repuntar con fuerza en el escenario internacional. Para entonces, Cuba ya había desmantelado su principal capacidad productiva y no tenía cómo aprovechar ese ciclo alcista.
Luego apareció Venezuela. Durante años, La Habana recibió petróleo en condiciones extremadamente favorables a cambio de servicios profesionales y apoyo político. Ese flujo llegó a cubrir una parte importante del déficit energético del país . En ese contexto, surgieron sospechas persistentes —aunque no siempre plenamente demostradas— de que parte de ese crudo no se consumía internamente, sino que era redirigido o revendida en el mercado internacional. Investigaciones y reportes independientes han señalado que solo una fracción del petróleo enviado terminaba efectivamente en la isla, mientras el resto seguía rutas hacia terceros destinos, incluidos mercados asiáticos .
La lógica económica detrás de esa práctica era sencilla: utilizar el subsidio energético externo como fuente de liquidez en divisas. No sería la primera vez que Cuba hacía algo así. Ya en los años 80, durante el vínculo con la URSS, la reexportación de petróleo llegó a convertirse en una de las principales fuentes de ingresos del país, incluso por encima del azúcar en determinados momentos . Con Venezuela, ese esquema habría encontrado una versión adaptada a un nuevo contexto geopolítico.
El resultado de ese encadenamiento de decisiones es el que se ve hoy. Cuba desmontó su industria azucarera cuando el azúcar no valía nada, pero no pudo reconstruirla cuando volvió a valer. Recibió petróleo barato durante años, pero no logró convertir esa ventaja en una base energética sostenible. Y ahora, sin ese respaldo externo y bajo presión internacional, enfrenta una crisis donde ya no tiene ni la industria que desmontó ni el combustible que durante años compensó esa pérdida.
Ese pasado forma parte de la discusión actual sobre prioridades y uso de recursos, especialmente en un momento en que la economía interna enfrenta limitaciones severas.
Hoy, la isla se encuentra en una situación distinta. Sin el respaldo petrolero de Venezuela, con un turismo debilitado y bajo una presión externa intensificada, el margen para sostener el modelo sin ajustes se ha reducido de forma drástica. Los cambios que ahora se implementan reflejan esa realidad.
Sin embargo, la dirección de esos cambios sigue marcada por una cautela estructural. Se abren espacios, pero se delimitan. Se descentraliza, pero se supervisa. Se permite la participación privada, pero bajo condiciones que preservan el control estatal. No es una transición, es una reconfiguración defensiva.
En ese equilibrio se juega el presente de Cuba. La economía empuja hacia una mayor apertura, pero la política actúa como freno. La crisis obliga a moverse, pero el miedo a perder el control define hasta dónde.
Los ajustes están ahí. Llegan tarde, llegan condicionados y llegan con límites claros. Suficientes para sostener el sistema por ahora. Insuficientes para transformarlo.
