Cuba comenzó a aplicar una reforma económica que permite una mayor participación privada y extranjera en actividades reservadas durante décadas al Estado. Aunque las medidas recibieron respaldo unánime de la Asamblea Nacional y de Raúl Castro, su aplicación plantea una tensión entre la necesidad de atraer capital y el propósito del Partido Comunista de conservar el control político y los sectores estratégicos.
Se trata de un hecho que “sugiere que un plan de la administración Trump para dar al sector empresarial privado una ventaja sobre las empresas estatales está bien encaminado”.
La Onat impuso una multa de 99 millones de pesos a un cuentapropista en Artemisa por evasión fiscal. El caso expone el rigor tributario y las fallas estructurales del sistema.
Denuncias y reportajes independientes cuestionan la autonomía real de las mipymes en Cuba y señalan a empresarios y empresas vinculados al poder político y militar como operadores funcionales del Estado en la economía y en la construcción de narrativas públicas.
Medios estadounidenses destacan que la administración está levantando algunas restricciones económicas que durante mucho tiempo han obstaculizado el crecimiento de las pequeñas empresas en Cuba; y forman parte de un esfuerzo más amplio de la administración Biden para mejorar las relaciones económicas con Cuba. La idea es que, al fortalecer el sector privado, se promueva una mayor independencia económica entre los ciudadanos cubanos.
