El gobierno de Uruguay diseña un nuevo mecanismo financiero para depositar las remuneraciones directamente a los profesionales cubanos de la salud que laboran en su territorio. Esta modificación estratégica busca mantener a salvo el histórico programa de cooperación oftalmológica con La Habana y, de manera simultánea, sortear los recientes cuestionamientos de Estados Unidos relacionados con el trabajo forzoso.
Los primeros detalles de esta gestión fueron revelados por el periodista Gabriel Pereyra, quien informó que el canciller uruguayo Mario Lubetkin ya discutió la propuesta con las autoridades estadounidenses y cubanas, logrando una aceptación preliminar de ambas partes. Para resumir el impacto de este cambio en medio de las negociaciones técnicas, Pereyra precisó que «Se le paga directamente a los médicos y ya no al gobierno de Cuba». Sin embargo, el canciller aclaró que Montevideo no tendrá control sobre el destino final de esos fondos una vez depositados, quedando fuera de su jurisdicción si los galenos son obligados posteriormente a transferir el dinero a las cuentas del régimen cubano.
La controversia estalló luego de que Estados Unidos incluyera a Uruguay en su informe de 2026 sobre trata de personas y trabajo forzoso, identificando a 21 profesionales cubanos activos en el país sudamericano. Desde la embajada estadounidense justificaron esta alarma alegando que «los pagos van directamente a la embajada cubana y no hay evidencia de que los mismos médicos reciban remuneración por su trabajo atendiendo al pueblo uruguayo». Las normativas estadounidenses dictan que si una nación aparece en este reporte durante dos años consecutivos, se expone a perder parte de la asistencia internacional, razón por la cual Washington envió una alerta diplomática no oficial a los ministerios uruguayos en septiembre.
Frente a estas acusaciones, las autoridades uruguayas expusieron el funcionamiento real del convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), ASSE y el Banco de Previsión Social (BPS). Jimena Pardo, presidenta del BPS, aclaró que los 250.000 dólares anuales destinados a la misión no constituyen un salario. «Lo que reintegra Uruguay, se le llama estipendio, es un reintegro de gastos», argumentó la funcionaria, detallando que estos fondos cubren traslados y manutención. Además, enfatizó que «Por parte del Estado uruguayo no se pagan sueldos, ni se pagaron anteriormente, ya que —según tengo entendido— el acuerdo entre ambos países prevé que las remuneraciones son abonadas por el gobierno cubano». Para disipar cualquier duda sobre la financiación al régimen, Pardo sentenció: «Uruguay no le paga a Cuba ningún dinero por la cooperación, sino que solo garantiza el pago de estos estipendios».
A pesar de la presión internacional, la administración del presidente Yamandú Orsi mantiene su voluntad de proteger el programa oftalmológico originado en 2007, el cual acumula más de 916.000 consultas y 118.000 cirugías hasta julio de 2025. Defendiendo la soberanía de sus decisiones y el impacto social de la misión, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, concluyó: «El acuerdo de los médicos cubanos permitió que miles de uruguayos pudieran ver, y eso nosotros lo reconocemos y lo valoramos mucho».
