Cuba comenzó a aplicar una reforma económica que permite una mayor participación privada y extranjera en actividades reservadas durante décadas al Estado. Aunque las medidas recibieron respaldo unánime de la Asamblea Nacional y de Raúl Castro, su aplicación plantea una tensión entre la necesidad de atraer capital y el propósito del Partido Comunista de conservar el control político y los sectores estratégicos.
Cuba aprobó 176 reformas económicas, formalizó el INAEE para regular sus empresas estatales y admitió un déficit fiscal de 74.500 millones de pesos para 2026, mientras Díaz-Canel insiste en que los cambios no implican un regreso al capitalismo.
El Comité Central del Partido Comunista aprobó un paquete de reformas económicas en plena crisis eléctrica. Cuba mira a modelos como Vietnam y China, pero sin tocar el control político del régimen.
El Partido Comunista de Cuba (PCC) anunció un paquete de reformas económicas en un pleno extraordinario, pero la respuesta de los cubanos ha sido de escepticismo y burla. A través de las redes sociales, muchos cuestionan la efectividad de estas medidas, que consideran recicladas y poco efectivas para abordar los problemas estructurales del país. Economistas como Pedro Monreal y Elías Amor coinciden en que las reformas llegan tarde y sin el respaldo financiero necesario para ser efectivas.
El anuncio de que cubanos residentes en el exterior podrán invertir en empresas privadas en la isla reabre un debate incómodo: si ahora se puede, ¿por qué no se permitió antes? Un repaso a las últimas décadas muestra un patrón repetido en la política económica del país: prohibiciones que se desmontan solo cuando la crisis obliga.
