En un momento donde la diplomacia regional a menudo camina sobre arenas movedizas, la actual presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, ha decidido pisar firme y sin titubeos. Durante una reveladora entrevista concedida este viernes a la cadena NTN24, la mandataria centroamericana dejó sumamente clara su postura respecto a la crisis cubana, otorgando su apoyo absoluto a las tácticas de asfixia económica y presión diplomática que la Casa Blanca ejerce sobre el gobierno de La Habana.
Para la líder costarricense, la brutalidad con la que el régimen trata a sus ciudadanos elimina cualquier posibilidad de posturas intermedias. Con una convicción intachable, sentenció: «En la democracia hay cosas que no son grises, o están bien o están mal, y frente a cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre y le niega la posibilidad de vivir dignamente, ahí no hay un espacio de gris».
Ahondando en la tragedia cotidiana que se vive en la mayor de las Antillas, Fernández argumentó que el calvario del pueblo justifica sobradamente el uso de la fuerza internacional a través de sanciones.
En sus propias palabras, enfatizó que «Cuando hay vidas humanas de por medio, cuando se ha perdido todo bajo el yugo de una dictadura, cuando no hay trabajos dignos, dónde tener agua limpia, dónde tener un empleo (…) toda medida diplomática y de presión económica resulta válida». El gran anhelo de su administración, según confesó, es simplemente que «llegue esa luz» que traiga consigo el rescate de los derechos humanos y la anhelada estabilidad institucional para la nación caribeña.
La retórica de Fernández no se queda únicamente en palabras de aliento frente a las cámaras. En el terreno de los hechos, ratificó una de las decisiones más simbólicas de los últimos tiempos: mantener bajo candado la embajada de Costa Rica en La Habana. Esta medida, impulsada el pasado mes de marzo por su antecesor en el cargo, Rodrigo Chaves, ha sido asumida por la actual presidenta como una política de Estado innegociable.
Sobre este distanciamiento oficial, la presidenta lo describió como «una muestra del respaldo al proceso de democratización» que todos esperan germine pronto en las calles de la isla. Cabe recordar que, desde el primero de abril, el vínculo oficial entre ambas naciones se limitó exclusivamente a trámites consulares, obligando a que la asistencia a los ciudadanos ticos se coordine desde la vecina Panamá.
Esta afinidad con la causa del exilio no es repentina. Tras asumir las riendas del país el 8 de mayo —amparada por un contundente 48,5% de los votos en primera vuelta y prometiendo mano dura contra la delincuencia— Fernández ya había dado muestras de su brújula moral. Incluso antes de sentarse en la silla presidencial, aplaudió el rompimiento diplomático y, posteriormente, abrió las puertas de San José para reunirse con el destacado opositor cubano Orlando Gutiérrez Boronat. Este claro posicionamiento ha resonado hasta Washington, donde el propio secretario de Estado, Marco Rubio, se encargó de enviarle felicitaciones tras su aplastante triunfo electoral.
Las tajantes declaraciones desde San José aterrizan en un escenario geopolítico candente. Desde enero de este 2026, el gobierno de Donald Trump ha desatado una verdadera tormenta de más de 240 sanciones dirigidas a la yugular del sistema castrista. Los golpes han sido quirúrgicos: el 7 de mayo cayó bajo la lupa el conglomerado militar GAESA y su presidencia, y semanas después, el 4 de junio, el peso de la ley estadounidense recayó sobre figuras de la talla de Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y Alejandro Castro Espín. Por si fuera poco, la firma de la Orden Ejecutiva 14404 ha puesto a temblar a cualquier banco o empresa extranjera que se atreva a hacer negocios con las entidades cubanas sancionadas.
Mientras tanto, la realidad dentro de Cuba adquiere tintes apocalípticos. La ciudadanía padece a diario cortes de luz que superan las 20 horas, llegando en algunos rincones a la aterradora cifra de 30 o 40 horas en penumbras. Los meses de mayo y junio han registrado déficits eléctricos escandalosos por encima de los 2,000 MW, todo esto aderezado con una alarmante falta de medicamentos, agua y comida. Con un promedio de pensiones de miseria que apenas rozan los 9 dólares al mes, la ONU se ha visto forzada a solicitar un auxilio financiero de 94,1 millones de dólares para asistir a unos dos millones de antillanos; un plan de rescate que, hasta principios de junio, no alcanzaba ni un tercio de su meta de recaudación.
