Entre los 17 a los que Trump quiere quitarles la ciudadanía hay una cubana condenada por fraude millonario en Florida; y otra más también.
El Departamento de Justicia anunció el lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas naturalizadas acusadas de ocultar antecedentes penales durante su proceso de naturalización. Es el movimiento más agresivo de la administración Trump en su campaña de denaturalización, y tiene nombre cubano entre sus objetivos.
Entre los 17 ciudadanos naturalizados señalados está Leidys Delmas García, de origen cubano, condenada por su participación en una conspiración de fraude al sistema de salud por 36 millones de dólares en Florida. Su caso es uno de los más llamativos de una lista que incluye a personas originarias de Cuba, Haití, Colombia, México, Jamaica, India, República Dominicana, Somalia, China, Congo, Trinidad y Tobago y Filipinas.
La administración invocó la Ley de Inmigración y Nacionalidad para ejercer los poderes de denaturalización, que permiten revocar la ciudadanía de un naturalizado si se determina que cometió fraude para obtenerla. En términos prácticos, si el gobierno gana estos casos en tribunales federales, las personas afectadas perderían su ciudadanía y volverían a su estatus migratorio anterior — generalmente residentes permanentes — quedando entonces expuestas a deportación por sus delitos.
Los delitos alegados incluyen abuso sexual de menores, tráfico de drogas y ocultamiento de actividad criminal durante el proceso de naturalización. El fiscal general en funciones Todd Blanche fue directo en su declaración: «Cuando los extranjeros criminales explotan el proceso de naturalización violando la ley, hay consecuencias».
Entre 1990 y 2017, el gobierno de Estados Unidos presentó un promedio de 11 casos de denaturalización por año. Este anuncio del lunes busca denaturalizar a 17 personas en un solo movimiento. Y no es el primero: el mes pasado la administración ya había anunciado acciones similares contra otras 12 personas. La dirección es clara: la administración Trump ha instruido a sus agencias para referir entre 100 y 200 casos de denaturalización por mes durante el año fiscal 2026.
El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin resumió la postura oficial: «La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, rompes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio».
Para la comunidad cubana en Estados Unidos, el caso de Leidys Delmas García es una señal de que la campaña no hace excepciones por origen. El proceso sigue en tribunales federales y los afectados tienen derecho a impugnar las acciones.
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