Dos cubanas podrían perder su ciudadanía estadounidense tras acciones anunciadas este lunes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).
Leidys Delmas García, de 54 años, fue condenada por participar en un esquema de fraude médico que facturó fraudulentamente más de 36,7 millones de dólares a aseguradoras en Florida.
Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años, está acusada de ocultar su participación en una trama de fraude millonario contra un casino tribal en Florida.
El gobierno solicitó la revocación de la naturalización de Delmas García, basándose en su admisión durante el proceso penal de que ella y sus cómplices establecieron y operaron 30 clínicas de fisioterapia en Florida, las cuales facturaron fraudulentamente a la aseguradora comercial Blue Cross, Blue Shield unos $36,728,595 por servicios de fisioterapia que no eran médicamente necesarios o que nunca se prestaron.
“Durante su entrevista de naturalización, Delmas García declaró bajo juramento que no había cometido delitos por los que no hubiera sido arrestada y que nunca había proporcionado información falsa o engañosa a ningún funcionario del gobierno estadounidense al solicitar beneficios migratorios. Ninguna de estas afirmaciones era cierta”, denunció el DOJ a través de un comunicado este 8 de junio.
This Department of Justice has filed DENATURALIZATION ACTIONS in various U.S. district courts against 17 individuals accused of serious offenses.
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 8, 2026
“When criminal aliens exploit the naturalization process by breaking the law, there are consequences. Criminal aliens are lying about… pic.twitter.com/mhr1D9xxT8
De igual forma, antes de naturalizarse, Acosta Torres formó parte de una conspiración para defraudar a un casino tribal en Florida. “Su esposo y otros individuos robaron millones de dólares del casino mediante la creación de vales de crédito falsos. Posteriormente, Acosta Torres realizó diversas transacciones financieras con las ganancias ilícitas para ocultar su origen fraudulento y eludir los requisitos de declaración de transacciones impuestos por las leyes federales y estatales”, expusieron las autoridades.
Sin embargo, “en su solicitud de naturalización y durante la entrevista, Acosta Torres afirmó falsamente no haber cometido ningún delito por el que no hubiera sido arrestada”.
“La denuncia de revocación de la naturalización contra Acosta Torres alega que está sujeta a dicha revocación porque, durante el período en el que, por ley, debía demostrar buena conducta moral, cometió actos ilícitos que afectaron negativamente su reputación y testificó falsamente sobre su delito. Además, tergiversó deliberadamente la información relevante sobre su delito durante el proceso de naturalización”, indicó el DOJ.
Las cubanas son dos de las 17 personas a las que la administración de Donald Trump busca revocar la ciudadanía por haber sido acusadas de fraude migratorio, delitos violentos o delitos sexuales, incluyendo a un ciudadano indio que presuntamente presentó solicitudes fraudulentas de visa H-1B.
Entre este grupo aparecen tanbién “un inmigrante haitiano que presuntamente abusó sexualmente de su hija; un hombre de la antigua Yugoslavia condenado por abusar sexualmente de una menor de 15 años; un inmigrante mexicano condenado por recibir imágenes sexualmente explícitas de menores; un ex sacerdote católico nacido en Colombia acusado de abuso sexual infantil; y un hombre nacido en Filipinas que se declaró culpable de un delito sexual infantil.
De igual manera, en esta lista se encuentran la hija de un narcotraficante colombiano acusada de lavado de dinero y un hombre nacido en Jamaica condenado por fraude electrónico.
Si los tribunales fallan a favor del gobierno, estas personas podrían perder la ciudadanía y enfrentar procesos migratorios adicionales, incluida una posible deportación.
