El fiscal general Todd Blanche anunció cargos contra 11 personas por presuntamente dirigir una red que organizó más de 1,000 matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros, principalmente de China, para tramitar residencias legales fraudulentas. El esquema, activo desde al menos 2016, generó decenas de millones de dólares y operó desde Nueva York hacia otros siete estados, con conexiones en China y Vanuatu.
DHS propone una tarifa adicional de US$103.265 para cada petición H-1B sometida al cupo anual. La medida todavía no está en vigor y afectaría principalmente a los empleadores estadounidenses que patrocinan profesionales extranjeros.
El formulario I-360 de USCIS permite presentar peticiones migratorias en categorías específicas, entre ellas viudos de ciudadanos estadounidenses, autopeticionarios bajo VAWA y menores que califican como inmigrantes juveniles especiales. Su aprobación no significa que todos los solicitantes obtengan automáticamente la residencia permanente o un permiso de trabajo, pues los pasos posteriores dependen de cada categoría.
Las estafas migratorias se han sofisticado con delincuentes que suplantan a abogados reales, utilizan videos manipulados con inteligencia artificial y prometen permisos de trabajo o residencias a cambio de pagos. Para algunas víctimas cuyo proceso terminó perjudicado existe la posibilidad de solicitar una reapertura, aunque los requisitos y plazos dependen de las circunstancias de cada caso.
El Senado aprueba 70,000 millones para deportar mientras 3.5 millones pierden cupones de comida. Estados Unidos refuerza deportaciones con fondos récord y abre vía de residencia para millonarios mientras millones pierden ayuda alimentaria
Las cubanas son dos de las 17 personas a las que la administración de Donald Trump busca revocar la ciudadanía por haber sido acusadas de fraude migratorio y otros delitos.
