En un evidente retroceso ante el fracaso de sus propias normativas, el Gobierno cubano anunció este miércoles la eliminación del polémico Decreto 107, así como de las resoluciones 56 y 18. Estas medidas, impuestas por el Ministerio de Comercio Interior (Mincin) a finales de 2024, obligaban al sector privado a utilizar empresas estatales como intermediarias ineludibles para cualquier operación mayorista, generando un cuello de botella burocrático que asfixió el desarrollo de las mipymes y cooperativas en la Isla.
El anuncio oficial fue realizado en conferencia de prensa por Yosvany Pupo Otero, viceministro primero del Mincin. El funcionario justificó esta marcha atrás alegando que el nuevo marco legal responde a un proceso de revisión originado por el fuerte descontento que desató la entrada en vigor de la Resolución 56 en octubre de 2024. Para argumentar el cambio de rumbo, Pupo Otero expresó textualmente: «Se escucharon los criterios de los actores económicos, que argumentaban que la normativa no respetaba la voluntad de las partes».
Esta tardía rectificación aterriza casi dos años después de haber impuesto el cerco comercial. La medida se enmarca dentro de un desesperado paquete de reformas con las que el régimen intenta oxigenar una economía hundida en una grave crisis estructural, todo bajo el constante telón de fondo de las presiones de Washington contra La Habana.
El principal alivio de la derogación radica en que las mipymes y las cooperativas ya no estarán atadas a entidades gubernamentales para abastecerse o realizar ventas a gran escala. Según detalló el viceministro, a partir de ahora estos intercambios comerciales podrán ejecutarse libremente «sobre la base de la voluntad de las partes», devolviendo la autonomía contractual a los emprendedores. Además, la normativa actualizada permite que el comercio mayorista sea registrado tanto como la actividad principal del negocio o como una función secundaria, borrando otra de las absurdas trabas operativas previas.
Sin embargo, el Estado sigue manteniendo ciertas riendas cortas sobre el ecosistema emprendedor. Los trabajadores por cuenta propia continuarán marginados del comercio mayorista. Pupo Otero escudó esta exclusión argumentando que responde a las particularidades y capacidades limitadas de este modelo de gestión individual. Lo que sí se mantiene intacto es el derecho de todos los actores económicos —incluyendo cuentapropistas, productores, cooperativas no agropecuarias y mipymes— a ejercer las ventas minoristas en las áreas autorizadas.
En paralelo, el Mincin adelantó transformaciones burocráticas en el Registro Central Comercial, entidad donde todo negocio debe inscribirse obligatoriamente. Las autoridades planean actualizar el Decreto 184 con la promesa de acortar los tiempos de espera, agilizar el papeleo y suprimir limitaciones en la clasificación de las actividades económicas. Como un respiro adicional para los emprendimientos ya establecidos, las nuevas exigencias técnicas y formales no tendrán carácter retroactivo, permitiendo que las empresas actualmente operativas se adapten a las reglas de manera escalonada sin detener sus funciones.
La caída del Decreto 107, tristemente célebre por haber instaurado un listado de 125 actividades prohibidas y haber maniatado al comercio mayorista privado bajo la sombra estatal, representa una victoria para un sector no estatal golpeado incesantemente por el desabastecimiento y la falta de insumos. Durante su intervención final, el viceministro intentó proyectar optimismo institucional, asegurando que estas nuevas flexibilizaciones lograrán dinamizar el mercado interno, ampliar el abanico de bienes y exprimir al máximo la precaria infraestructura comercial del país.
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