Las muertes de Diubis Laurencio, Hansel Ernesto, Manuel de Jesús, Victor Angel, Zinedine Batista y Juan Wilfredo Soto, además de la más reciente, la de Félix Lázaro Reinoso Rodríguez, despiertan alarma por la falta de transparencia, ausencia de investigaciones confiables y la impunidad de los agentes responsables.
Que un hombre con ese historial, con su rostro y expediente documentado hasta el cansancio, esté hoy a la espera de un veredicto, sometido a interrogatorios que cuestionan sus salidas del país como si fueran evidencia de mentira y no de aguante, es alarmante. No por él solamente. Sino por lo que revela del sistema. De sus fracturas, de sus contradicciones, de sus prioridades.
Alexander Verdecia Rodríguez, activista opositor y coordinador en Granma de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), enfrenta una petición fiscal de diez años de cárcel por haber escrito frases como “no más apagones”, “abajo Díaz-Canel” y “abajo la tiranía comunista” en su cuenta personal de Facebook.
El ascenso ocurre en un contexto de creciente irritación social por decisiones gubernamentales impopulares, como el reciente aumento de tarifas de la empresa estatal ETECS
La jurista cierra su análisis con una advertencia: hoy son Alina y Jenny, pero mañana puede ser cualquiera. Lo que está en juego no es solo la libertad de dos mujeres, sino el derecho de todos los cubanos a expresarse, protestar y exigir cambios.
El incidente ocurrió en un contexto de alta tensión social en la isla, marcada por crisis económicas y restricciones crecientes a la libertad de expresión. Las sanciones solicitadas —desacato (art. 185.1), desobediencia (art. 189.1) y atentado (art. 182.1.4)— son castigos previstos originalmente para conductas mucho más graves, lo que evidencia el uso del Código Penal como herramienta de represión política.
En resumen, Gabriela no solo desinforma: es cómplice del encubrimiento de una dictadura que usa la educación, los medios y las giras ideológicas como armas para justificar su fracaso. Lo que da vergüenza no es que sea profesora de Historia; lo terrible es que use la Historia para justificar la opresión.
La sociedad civil y el activismo independiente no tardaron en reaccionar a la muerte de la anciana cubana Zoila Chávez, quien tras el arresto de su hijo, fue cayendo en una espiral de deterioro que a la postre la llevó a la muerte.
En EE.UU., la ley distingue claramente entre ser familiar de un represor y ser cómplice. Un hijo no puede ser juzgado ni demandado por el simple hecho de haber patrocinado a su padre, aunque este haya sido un verdugo del pueblo cubano. Solo si hay pruebas sólidas de complicidad o encubrimiento, puede enfrentarse a consecuencias legales.
Fernández Ramírez, de 65 años, no solo escribió alabanzas al castrismo; también participó activamente en la represión de jóvenes periodistas en Cuba. Según testigos, fue él quien facilitó que agentes de la Seguridad del Estado interrogaran a redactores del propio Vanguardia en su oficina. “Era cínico, cumplía cada directriz del Partido”, recuerda Carlos Alejandro Rodríguez, uno de los firmantes de la llamada Carta de Santa Clara, grupo crítico que sufrió represalias.
En su camino hacia la embajada, la activista Yamilka Lafitta denunció la fuerte presencia de las fuerzas represivas del régimen: "Desde la avenida G hasta la tribuna, las esquinas y los alrededores de la embajada están custodiados por la policía".
