Una cubana, Madelyn Sardiñas Padrón, ha desmontado en un extenso y documentado análisis lo que califica como una “farsa penal” orquestada por la Fiscalía Provincial de Matanzas contra Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres. Su conclusión, hecha pública en su perfil de Facebook, es tajante: ambas son inocentes, y todo el proceso judicial es una puesta en escena represiva para castigar la disidencia cívica.
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Según Sardiñas, la causa se ajusta al guion habitual de la Seguridad del Estado: detención arbitraria, acusaciones infladas y tergiversación de hechos para convertir a activistas pacíficas en supuestas delincuentes comunes. A Alina Bárbara, intelectual respetada, no se le perdona su coherencia y liderazgo, mientras que a Jenny se le castiga por su lealtad y acompañamiento. El objetivo, apunta la jurista, es doble: criminalizar la protesta y enviar un mensaje de advertencia al resto de la ciudadanía.
Sardiñas agrega en su análisis que en abril de 2024, Alina ya había sido brutalmente detenida mientras intentaba realizar una sentada pacífica en La Habana. La represión dejó moretones, una lesión en el hombro y videos que “desaparecieron” misteriosamente. En junio, los hechos se repitieron, esta vez con Jenny a su lado. La Fiscalía, lejos de actuar con imparcialidad, ignoró las contradicciones evidentes entre los testimonios de las imputadas y los de los agentes policiales, alineándose con la versión oficial sin cuestionamientos.
Sardiñas denuncia que se ha violado el derecho de igualdad, el derecho a manifestarse pacíficamente (art. 56 de la Constitución) y el principio de legalidad. Además, cuestiona los cargos por “desobediencia” y “atentado”, señalando que la supuesta violencia ejercida por Alina es inverosímil, mientras que la reacción de Jenny fue claramente un acto de defensa propia. La Fiscalía, asegura, incurre incluso en posibles delitos de prevaricación, acusación falsa y abuso de autoridad.
La sanción propuesta —trabajo correccional sin internamiento y restricción de derechos— es vista como un chantaje disfrazado de benevolencia. El mensaje del régimen es claro: “Obedece o paga las consecuencias”.
Sardiñas cierra su análisis con una advertencia: hoy son Alina y Jenny, pero mañana puede ser cualquiera. Lo que está en juego no es solo la libertad de dos mujeres, sino el derecho de todos los cubanos a expresarse, protestar y exigir cambios.
La fiscalía, ahora, intenta hacerle creer al pueblo, que dos mujeres adultas cercanas a los 50 años, académica y sin la preparación física adecuada, fueron capaces de hacerle daño a una oficial que las superaba no solo en tamaño y en fuerza física, sino que además es judoca y se encontraba acompañada por otros oficiales.
El caso de Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres presenta inquietantes similitudes con el proceso judicial que enfrentaron cuatro jóvenes en Villa Clara, condenados por la jueza Melody González Pedraza. En ambos casos, se observan patrones de represión institucionalizada, donde las garantías procesales y los derechos fundamentales son frecuentemente vulnerados para reprimir la disidencia política y existe una flagrante manipulación del sistema judicial para castigar la disidencia política
La jueza González Pedraza confesó haber sido presionada por altos funcionarios del Partido Comunista y agentes de la Seguridad del Estado para dictar sentencias condenatorias contra los jóvenes, a pesar de la falta de pruebas sólidas. A pesar de su confesión y de las apelaciones presentadas, el Tribunal Supremo de Cuba negó revisar el caso, manteniendo las condenas impuestas.
