Resulta difícil de creer, por no decir imposible, que dos académicas cubanas, intelectuales y profesoras universitarias, hayan ejercido motu propio la violencia contra una oficial de la PNR y no a la inversa, pero la Fiscalía de Matanzas, aupada por el poder en la isla, pretende hacer creer que sí.
Atención: tanto la Fiscal, como los jueces que formen parte de esta farsa, si Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja son condenadas finalmente, pudieran pasar a engrosar la lista de sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tal y cómo sucedió con los jueces que condenaron a Luis Robles.
La Fiscalía Provincial de Matanzas presentó el lunes sus conclusiones provisionales ante la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular, solicitando penas de privación de libertad para las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres, detenidas el 18 de junio de 2024 mientras se dirigían a La Habana para participar en una acción de protesta pacífica en favor de los derechos ciudadanos. Aunque ambas sanciones pueden sustituirse por trabajo correccional sin internamiento, el monto de las penas señala la voluntad del Estado de criminalizar la disidencia bajo delitos comunes.
Según el escrito elaborado por la fiscal Ana Lilian Caballero Arango, Alina Bárbara López Hernández enfrenta una pena conjunta de cuatro años de privación de libertad sustituidos por trabajo correccional, por los presuntos delitos de desacato, desobediencia y atentado. A su vez, para Pantoja Torres se pide una condena de tres años de privación de libertad, igualmente sustituible por trabajo correccional sin internamiento, señala el portal independiente de noticias cubano 14ymedio.
Además de la restricción de libertad, el Ministerio Público exige que Alina Bárbara López Hernández cubra 650 CUP en concepto de reparación por la rotura de la camisa y las botas de uniforme de una oficial de la Policía, mientras que Jenny Pantoja Torres debe indemnizar con 500 CUP el costo de reposición de las extensiones capilares atribuidas a la misma funcionaria, señala por su parte en su perfil de Facebook el periodista cubano residente en los EE.UU., Alberto Arego. Estas cifras, ridículas en comparación con sus ingresos y la gravedad de la acusación política, refuerzan la tesis de que se busca deslegitimar a las acusadas mediante multas que añaden humillación al proceso.
Ambas académicas denunciaron que el escrito de la Fiscalía está plagado de erratas, contradicciones y descripciones inverosímiles. López Hernández calificó las seis cuartillas y media presentadas como un “guion dramático” donde se les atribuye un comportamiento que difiere totalmente de la realidad: según la acusación, habrían saltado de un carro, propinado golpes y destrozado el uniforme policial, mientras que la versión de testigos y de las propias intelectuales describe una intervención violenta de la oficial hacia ellas, que derivó en lesiones y secuelas físicas, destaca 14ymedio.
La historiadora y editora subrayó en su perfil de Facebook que fueron interceptadas sin motivo legítimo en la carretera, y que los cargos presentados buscan despolitizar el incidente y presentarlo como un delito común. En sus propias palabras:
“Lo que se persigue no es un hecho de desacato o desobediencia, sino silenciar a quienes, ejerciendo un derecho constitucional, pretendían manifestarse pacíficamente”.
Este caso ha convocado la solidaridad de más de 200 personalidades, entre escritores, cineastas y músicos, quienes firmaron una carta abierta en la que denuncian el uso de la violencia policial y piden la liberación de las intelectuales. Figuras como Leonardo Padura, Fernando Pérez, Ernesto Daranas y el cantante Fito Páez han exigido justicia y resaltado el carácter político de la detención, señala por su parte AP News.
La acusación sostiene que la oficial MJH y su colega GJPV, adscritos al servicio de vigilancia y patrullaje, cumplieron órdenes superiores al interceptar el vehículo de las académicas, pero en el escrito no se justifica por qué el “acto de identificación” —presuntamente cumplido— derivó en una detención y uso excesivo de fuerza. Según las imputadas, la oficial no mostró orden de detención y la intervención se realizó con gritos, empujones y golpes que lesionaron a ambas.
El incidente ocurrió en un contexto de alta tensión social en la isla, marcada por crisis económicas y restricciones crecientes a la libertad de expresión. Las sanciones solicitadas —desacato (art. 185.1), desobediencia (art. 189.1) y atentado (art. 182.1.4)— son castigos previstos originalmente para conductas mucho más graves, lo que evidencia el uso del Código Penal como herramienta de represión política.
Hasta la fecha, el juicio no tiene fecha programada. Mientras, Alina Bárbara López Hernández y Pantoja Torres se preparan para defenderse “ante un tribunal que ya está condenado de antemano”, según declararon, y cuentan con el respaldo de activistas y organizaciones de derechos humanos que monitorean el proceso. La tensión crece en la comunidad internacional, donde la Unión Europea y ONG han señalado en múltiples ocasiones la existencia de presos políticos en Cuba y han cuestionado la imparcialidad del sistema judicial, recoge en una nota diariodecuba.
La petición de cuatro y tres años de privación de libertad, más las sanciones accesorias —prohibición de salida del país y privación de derechos civiles—, consolidan la estrategia de estigmatizar a la disidencia y de enviar un mensaje de intimidación a quienes aún consideran ejercer el derecho de manifestarse en Cuba. El caso de López Hernández y Pantoja Torres es, en definitiva, una prueba más de que en la isla el desacuerdo y la protesta pacífica se siguen pagando caro.
tal vez quieras leer: Músico cubano es víctima de brutal asalto en La Habana
