En medio de la crisis más severa, una fiscal en Cuba se baja esta perla: 10 años de cárcel por un post en Facebook

En la Cuba donde una jubilación no alcanza ni para comprar una bolsa de arroz, donde los ancianos venden cigarros sueltos en la calle para sobrevivir y los apagones son parte del decorado habitual, el aparato judicial del Estado ha decidido que la prioridad nacional no es aliviar la miseria, sino castigarla si se hace referencia a ella en un post de Facebook.

Alexander Verdecia Rodríguez, activista opositor y coordinador en Granma de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), enfrenta una petición fiscal de diez años de cárcel por haber escrito frases como “no más apagones”, “abajo Díaz-Canel” y “abajo la tiranía comunista” en su cuenta personal en esa red social.

El documento de la fiscal Eliannys Bárbara Infante Bazán lo acusa de los delitos de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, no solo por un post en Facebook, sino varios. El acta alude a publicaciones realizadas en enero de 2024 y por tal motivo el activista fue detenido más de un año después, el 6 de febrero de 2025, y permanece en prisión provisional en la cárcel Las Mangas de Bayamo.

La petición se basa en el artículo 124.2 del nuevo Código Penal cubano, que permite condenas de hasta una década por expresar opiniones contrarias al régimen a través de medios digitales, señala el medio digital El Toque. En cualquier país con instituciones democráticas, la represión del disenso es un signo de debilidad; en Cuba, es una política de Estado.

El caso de Verdecia no es aislado. La joven Sulmira Martínez Pérez, conocida como Salem de Cuba, también lleva más de dos años tras las rejas sin sentencia, acusada de “propaganda enemiga” por gestionar una página de Facebook crítica del gobierno, donde en algún que otro post dejó ver su descontento con la situación en la isla. Así se consagra un patrón: en la isla donde escasean el pan, el arroz, el jabón y el sentido común, las cárceles sobran para quienes opinan distinto; no ya solo para quienes critican la miseria y aluden a culpables directos, sino también al que solo hace mención de ella.

Paradójicamente, mientras la población envejece y se empobrece a una velocidad sin precedentes, el régimen dedica tiempo, recursos y fiscales a perseguir a quienes exigen cambios, aunque sea desde una red social. Según datos de AFP, más de 2.4 millones de personas en Cuba tienen más de 60 años y sobreviven con pensiones que no cubren ni el 10% de sus necesidades alimentarias. Algunos, como el vendedor ambulante Isidro Manuet, declaran que “viven para sobrevivir, nada más”.

En contraste, el gobierno ha dolarizado parcialmente la economía, elevando aún más la desigualdad, al tiempo que limita el acceso a internet y encarcela a quienes lo usan para denunciar.

Ni los estudiantes, que recientemente protestaron por los altísimos precios del servicio, ni los ancianos que rebuscan en la basura tienen voz en los medios estatales. Pero si alguno de ellos osa quejarse en línea, ahí sí aparecen fiscales veloces como misiles, listas para aplicar la ley con “ejemplaridad revolucionaria”.

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El caso de Alexander ha tenido repercusión también por el testimonio de su esposa, Eliannis Villavicencio Jorge, quien denunció que sus hijas han quedado sin recursos y sin padre. Asegura que ha sido víctima de vigilancia constante y que decidieron no contratar abogado, porque en Cuba, dice, “los abogados defienden al sistema”.

Mientras el régimen justifica la crisis por el embargo estadounidense, economistas apuntan al desastre autogestionado por la cúpula gobernante: una mezcla letal de corrupción, centralismo y represión.