El reciente paro universitario en Cuba, iniciado hace apenas unas horas en Cuba, marca un punto de inflexión en la historia del activismo estudiantil en la isla. Lejos de ser un evento aislado, esta movilización no solo responde a demandas específicas del ámbito académico, sino que conecta con una crisis generalizada que atraviesa toda la sociedad cubana.
Los estudiantes, como cualquier otro ciudadano, lidian a diario con el deterioro de las condiciones materiales de vida: apagones constantes, escasez de alimentos, colapso del transporte público, hospitales sin insumos, farmacias vacías y barrios o becas sin agua potable durante días o incluso semanas. Estudiar en Cuba no es solo lidiar con planes de estudio obsoletos y falta de acceso a internet, sino también con la precariedad básica que impide concentrarse, rendir o incluso asistir regularmente a clases.
En este contexto, las protestas no deben leerse únicamente como una reacción a una tarifa de internet inalcanzable, sino como la expresión de un hartazgo colectivo. Los jóvenes universitarios están entre los más conscientes de las promesas incumplidas del sistema, y actúan como caja de resonancia de un país entero que también sufre y que, muchas veces, no tiene el mismo espacio —ni la misma protección social— para expresarse con claridad. Eso sí, es indiscituble, el detonante fue el «tarifazo» de ETECSA.
El detonante: el «tarifazo» de ETECSA
La empresa estatal de telecomunicaciones, ETECSA, anunció un aumento en las tarifas de internet, elevando el costo mensual a 0,97 dólares, una cifra que representa casi dos meses de salario promedio en Cuba, tal y como lo recoge El País en un artículo publicado el 3 de junio.
La autora del texto, la joven periodista cubana Carla Gloria Colomé Santiago comenzaba diciendo:
«Les han arrebatado la luz. Les han quitado, poco a poco, la comida racionada que llegaba a las bodegas del barrio. Les han restado el valor a su moneda. Les han limitado las compras en la tienda. Y ahora, indirectamente, han restringido internet. «
Esta medida fue percibida como un intento de dolarizar parcialmente el servicio y cargar sobre los hombros de los ciudadanos y sus familiares en el extranjero la responsabilidad de financiar el acceso a la red. La respuesta fue inmediata: estudiantes de al menos diez facultades en cinco universidades del país convocaron a una huelga para exigir la revocación de la medida y un diálogo transparente con las autoridades.
Un malestar que viene de lejos
Sin embargo, el descontento de la masa estudiantil en Cuba no es nuevo y hay varios hechos que lo demuestran.
En marzo de 2019, estudiantes de medicina provenientes del Congo protestaron en La Habana debido a 27 meses de becas impagadas. Estas manifestaciones fueron respondidas con un fuerte despliegue policial, reflejando la represión ante demandas legítimas de los estudiantes extranjeros.
En abril de 2022, la destitución de Armando Franco Senén como director de la revista universitaria Alma Mater generó una ola de indignación entre estudiantes y lectores. La falta de transparencia en la decisión y la percepción de censura a una publicación que abordaba temas sensibles para la juventud universitaria evidenciaron las tensiones existentes entre el estudiantado y las autoridades.
Además, en enero de 2023, una carta escrita por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana denunció la hipocresía de sus profesores, la falta de ética en la enseñanza y la desconexión entre el discurso oficial y la realidad del país. La misiva expresaba la frustración de los jóvenes por estudiar Derecho en un sistema donde, según ellos, «se prostituye el Derecho» y «solo vive bien el oportunista y privilegiado».
A ello súmese, por qué no, la expulsión de profesores universitarios cubanos.
La expulsión de docentes críticos
La represión institucional no ha afectado solo a estudiantes, sino también a profesores universitarios. En los últimos cinco años se han documentado decenas de expulsiones de docentes por motivos políticos o ideológicos. Uno de los casos más recientes es el de José Luis Tan, profesor de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, quien fue separado del claustro en 2022 tras criticar abiertamente al gobierno en redes sociales. El informe oficial que justificó su expulsión señalaba su “distanciamiento de los valores de la Revolución” y su “influencia negativa” en redes.
noticia relacionada: Expulsan profesor de la Universidad de Camagüey por sus críticas al gobierno cubano
Años antes, en 2019, la profesora Omara Ruiz Urquiola también fue despedida de las aulas universitarias; en su caso, del Instituto Superior de Diseño (ISDi) de La Habana. Ruiz Urquiola, con más de 20 años de experiencia, denunció que su salida obedecía a represalias por sus opiniones críticas, y que se falsificó un informe para justificar la decisión. También enfrentó campañas de difamación desde perfiles falsos en redes sociales.
Casos similares han afectado a otros académicos como David Alejandro Martínez Espinosa, expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos en 2021 por apoyar la convocatoria de una marcha pacífica. Y más atrás, en 2016, René Fidel González García fue separado de la Universidad de Oriente por expresar opiniones políticas divergentes en sus publicaciones.
Según el Observatorio de Libertad Académica (OLA), en un informe elaborado en el 2022, se documentaron al menos 86 casos de violación a la libertad académica y a la autonomía universitaria en Cuba.
No podemos olvidar otras protestas ocurridas en universidades cubanas, entre las que destaco dos: una ocurrida en la Universidad Central de Las Villas y otra ocurrida en la Universidad de Camagüey.
En el caso de la ocurrida en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, acontecida en junio de 2022, varios estudiantes becados protagonizaron una protesta masiva debido a continuos y prolongados apagones y la consiguiente falta de agua en el recinto.
Tras más de diez horas sin suministro eléctrico, los universitarios salieron de sus albergues expresando su descontento con cacerolazos y gritos de “¡pongan la corriente!”; una situación que se extendía desde hacía varias jornadas, afectando su preparación para los exámenes finales y su participación en actividades deportivas.
Dos años después, en octubre de 2024, estudiantes becados de la UCLV enfrentaron una crisis severa similar, debido a la falta prolongada de electricidad y agua potable.
Esta situación llevó a los jóvenes a organizar un cacerolazo en señal de protesta. Sin embargo, fueron amenazados por agentes de la Seguridad del Estado y autoridades universitarias para que no divulgaran su situación en redes sociales. Los estudiantes denunciaron que llevaban días sin electricidad desde las 4 p.m., con pronósticos de restablecimiento hasta la 1 a.m., y que las reservas de agua en el comedor estaban agotadas, obligándolos a buscar agua con cubos para poder bañarse.
El caso de la activista animalista Beatriz Batista
Un ejemplo revelador de cómo la represión se manifiesta desde etapas tempranas de la vida universitaria es el de Beatriz Batista, activista animalista cubana, quien comenzó su labor en defensa de los derechos de los animales en 2019, cuando apenas tenía 21 años y cursaba cuarto año en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.
En ese momento, Batista no había pronunciado palabra alguna contra el régimen cubano. Su única causa era la aprobación de una Ley de Protección Animal y la erradicación del maltrato. Pero aun así, su activismo fue suficiente para que las autoridades universitarias y de la Seguridad del Estado la marcaran como una figura incómoda. El primer interrogatorio lo vivió dentro de su propia facultad, con la presencia del decano y un profesor. Desde entonces, fue etiquetada como «alumna con problemas ideológicos».
La propia Beatriz relató hace apenas unas horas, en su perfil de Facebook, que hasta su profesor de Publicidad incluso aconsejó a su mejor amiga que se alejara de ella, bajo la amenaza de que podría tener problemas con su ciudadanía española. Fue blanco de chantajes emocionales y presiones institucionales. A pesar de que intentaron sabotear su tesis con una calificación baja por razones políticas, logró graduarse con la máxima nota y meses después, el propio sistema que quiso castigarla, quiso exhibir su trabajo como ejemplo de innovación académica.
Este caso muestra de forma clara cómo el aparato institucional cubano puede ejercer represión incluso cuando no existe una postura política explícita. El activismo en causas “no políticas” como la protección animal también es visto como una amenaza si no se canaliza por los cauces del control estatal. Como ella misma ha señalado, uno no empieza radicalizado: es el sistema el que empuja a esa radicalización con amenazas, aislamientos y castigos. Su testimonio, además, pone en evidencia la complicidad de las estructuras académicas en estos procesos represivos.
Todos estos eventos reflejan un patrón de descontento acumulado entre los estudiantes universitarios cubanos, quienes, además de enfrentar desafíos académicos, deben lidiar con condiciones de vida precarias, presiones y chantajes. Algunos de los que ahora protestan, también han sido citados, como en su momento lo fue Beatriz, a una reunión para «conversar», pero es evidente que la conversación será pura intimidación.
Las protestas actuales, es evidente, no son más que la continuación de una serie de manifestaciones que evidencian el deterioro de las condiciones básicas en las instituciones educativas y en la vida de todo el país
A pesar de los intentos de las autoridades por minimizar las protestas y deslegitimar las demandas estudiantiles, los jóvenes han mantenido su postura firme, exigiendo no solo la revocación de las nuevas tarifas, sino también un cambio estructural en la gestión gubernamental y en las prioridades del Estado.
En medio de todo eso, Díaz-Canel «ha aparecido» en la TV Nacional pero…
El discurso del presidente y la reacción
En su intervención de ayer, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel trató de desmarcarse de la medida impopular, culpando prácticamente de todo lo que esta sucediendo a la presidenta de ETECSA y presentándose como ajeno a las decisiones de alto nivel.
Las declaraciones, que fueron seguidas con atención y escepticismo dentro y fuera de la isla, fueron resumidas con agudeza por la periodista Glenda Boza en su cuenta de Facebook: un listado de diez puntos que desmienten, con datos y sarcasmo, la narrativa oficial de que la medida era inevitable y que el presidente nada sabía.
Entre los puntos destacados del resumen, Boza recuerda que la propia presidenta de ETECSA dijo que las medidas fueron discutidas en más de una ocasión con el gobierno, que el supuesto consumo promedio de 10 GB no justifica rebajar el plan básico a 6 GB, y que los argumentos económicos del gobierno omiten deliberadamente el despilfarro en sectores como el turismo y proyectos inmobiliarios innecesarios.
Así resumía lo dicho por Boza Ibarra, la activista Masiel Rubio:
Aunque Boza no lo señala hay un detalle que no podemos dejar de pasar desapercibido. En esta ocasión, Díaz-Canel intenta hacer ver como necesaria e impostergable la dolarización de ETECSA, que no es otra cosa que sacarle dólares al exilio y a los más pobres de Cuba, para sostener un monopolio ineficiente; un «pedido» que suena muy similar al hecho en el año 2020 por el defenestrado Ministro de Economía Alejandro Gil, cuando justificó la implementación de las tiendas en dólares para abastecer las tiendas en moneda nacional. Por eso, ahora, nadie les cree; mucho menos los estudiantes que son, dentro del pueblo, los más aguzados y los que más contacto con el exterior tienen, precisamente por su contacto a través de internet.
Un llamado a la historia
Las actuales protestas estudiantiles evocan el papel histórico de las universidades cubanas en movimientos sociales. Desde las luchas contra la dictadura de Gerardo Machado en la década de 1930, hasta las movilizaciones prerrevolucionarias, el estudiantado ha sido un actor clave en la búsqueda de cambios sociales y políticos en la isla.
Hoy, sin dudas, los estudiantes cubanos retoman ese legado, enfrentando un sistema que consideran obsoleto y represivo. Su lucha no es solo por tarifas de internet más justas, sino por un país donde la educación, la libertad de expresión y la participación ciudadana sean derechos garantizados y no privilegios concedidos.
No pocas publicaciones en redes sociales han mostrado que, el ídolo de muchos, Fidel Castro, hizo precisamente eso: protestar, siendo estudiante, contra el mal estado de las cosas en Cuba. Entonces, entiéndase, no hay nada de contrarrevolucionario en protestar. ¿O sí?
