La herramienta clave de la política migratoria del presidente Joe Biden, que permite el ingreso mensual de 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a Estados Unidos por razones humanitarias, se mantiene vigente.
Así lo decidió el juez Drew Tipton quien, a pesar de haber sido nombrado por Donald Trump y de haberse posicionado en contra de la administración Biden con anterioridad, se mostró cauteloso durante el juicio que iniciaron Texas y otros 20 estados gobernados por republicanos contra el parole humanitario, el cual, por ahora, permanece vivo.
Además, después de escuchar los alegatos finales de ambas partes en un juicio que fue mucho más rápido de lo que se esperaba, Tipton no debe emitir un fallo inmediato sobre la legalidad del permiso humanitario. Es más, la decisión final debería demorar semanas.
El juez reconoció que le incomodaba emitir una orden temporal que detuviera el programa porque, amén de que los estados demandantes afirman que los perjudica, muchos otros aseguran que los beneficia. En cualquier caso, si Tipton decidiera fallar en contra del parole, es seguro que el gobierno apelaría.
Según reportaron varios medios de prensa, el abogado del Departamento de Justicia federal estadounidense Brian Ward dejó claro que este permiso ha ayudado a migrantes de cuatro países a huir de la violencia, la turbulencia política y la inestabilidad económica.
Durante su alegato final en el juicio sumario celebrado en la corte federal de Victoria, Texas, que comenzó este jueves y finalizó el viernes, Ward aseguró que este programa, cuyos beneficiarios tienen patrocinadores que se comprometen a hacerse cargo de ellos económicamente, ha ahorrado muchos recursos y ha reducido la presión sobre los agentes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
Desde enero pasado, que este parole se amplió para los cubanos, hasta julio, más de 41.000 personas han llegado por esta vía legal a Estados Unidos.
