Una jueza federal anuló la política que impedía emitir visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países, al considerar que el Departamento de Estado carecía de autoridad para establecer una prohibición colectiva por nacionalidad.
DHS propone una tarifa adicional de US$103.265 para cada petición H-1B sometida al cupo anual. La medida todavía no está en vigor y afectaría principalmente a los empleadores estadounidenses que patrocinan profesionales extranjeros.
