El programa de migración implementado por la administración de Biden y conocido entre los cubanos como Parole Humanitario, se enfrenta hoy a un juicio en un tribunal federal de Texas, lo que podría tener un impacto significativo en la política fronteriza y las autoridades de inmigración ejecutiva.
El programa de «libertad condicional» o Parole Humanitario, permite que migrantes de países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití lleguen legalmente a los Estados Unidos bajo patrocinio estadounidense. Este programa forma parte de la estrategia de políticas de migración de la administración Biden, con el objetivo de proporcionar vías legales de migración y desincentivar la migración no autorizada.
Sin embargo, estados liderados por republicanos, incluido Texas, han desafiado este programa en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, argumentando que excede las autoridades de libertad condicional y crea esencialmente un nuevo programa de visas. Si el programa es rechazado, la administración podría tener que gestionar la frontera sin esta vía legal, lo que podría aumentar la presión en la frontera entre Estados Unidos y México.
Será una corte federal en Texas quien escuchará el desafío presentado por estados liderados por republicanos contra una parte clave de la estrategia fronteriza de Estados Unidos.
Desde que el programa se implementó, el número de migrantes en la frontera disminuyó considerablemente, ya que miles de migrantes optaron por no arriesgar sus vidas en peligrosas travesías por fronteras y países, y someterse al proceso de una llegada legal.
Las cifras de los llamados «encuentros en la frontera», al menos de ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que son los que han sido beneficiados con el Parole Humanitario, han disminuido en números muy alentadores. De miles a unos pocos cientos. Incluso, se ha frenado enormemente también la llegada de cubanos y haitianos, en barcos, por la frontera marítima sur de la Florida.
No hay dudas que el plan funciona
La administración de Biden ha sostenido que los programas de libertad condicional han reducido el número de migrantes detenidos cruzando entre los puertos de entrada.
Pero, aunque el plan estimula una emigración legal y segura, pero la política norteña se mantiene fiel al libro. Los republicanos desafían todo lo que los demócratas impulsan, y el Parole Humanitario no iba a ser la excepción de la regla.
Sin embargo, los analistas apuntan a que nada está decidido. Sobre todo si se juzga en Texas, más allá de las inclinaciones políticas del juez que dictaminará sobre el caso; más allá de si es republicano o demócrata. La justicia es ciega y los jueces juzgan imparcialmente atendiéndose a los hechos, considerando siempre que, a pesar de los hechos, no se viole la Carta Magna de la nación pero…
Analistas del tema señalan que el caso «fue asignado al juez Drew B. Tipton, un nombrado por Trump que ha fallado frecuentemente en contra de la administración de Biden en desafíos migratorios.»
Tal vez debido a eso, los demócratas, representados por el Departamento de Justicia buscaroon trasladar el caso a un tribunal federal diferente en Texas, a la par que el gobierno acusó a los estados de asirse a la práctica de presentar demandas en tribunales que se cree que son favorables a la causa.
Si bien Tipton rechazó esa solicitud permitió aprobó una solicitud de un grupo de ciudadanos estadounidenses que desean patrocinar a migrantes para unirse al caso en defensa del programa, y gracias a eso viajarán hasta Texas, entre otros, «una maestra de Florida que desea traer a su hermano y sobrino de Haití, un empresario de Texas y cristiano devoto que se sintió conmovido por su religión para patrocinar a una familia que conoció en Cuba, y un médico de Washington, D.C., que desea patrocinar a la familia de un paciente», además los abogados del Justice Action Center y otros grupos de defensa.
La preocupación, no obstante, es latente, pues el resultado de este juicio podría tener implicaciones más amplias para otros programas de migración específicos por país y podría afectar la forma en que se abordan futuros desafíos legales a programas gubernamentales. La decisión podría influir en la interpretación de la legitimación de los estados para desafiar dichos programas y en la autoridad del poder ejecutivo en asuntos de inmigración y relaciones exteriores.
Posibles implicaciones de la detención del programa conocido como Parole Humanitario
Si el programa es rechazado en el tribunal, los migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, que son en definitiva en quienes se centra el programa implementado en enero, y que aún están a la espera de ser aprobados, verían sus sueños rotos de repente.
El programa que permite a decenas de miles de migrantes de esos países que cuenten con patrocinadores estadounidenses y que estén dispuestos venir a Estados Unidos legalmente bajo una autoridad de inmigración conocida como libertad condicional (parole), incluidos aquellos con familiares con base en Estados Unidos dispuestos a apoyarlos, pudiera ser detenido si la corte federa lo estipula, por lo que cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, tendrían opciones limitadas para migrar legalmente al país.
El portal Rollcall cita declaraciones de Michelle Lapointe, directora legal adjunta del National Immigration Law Center, quien expresó:
«El programa de libertad condicional ha sido un salvavidas para las personas que han podido acceder a él».
Lapointe reconoció que el programa de Parole Humanitario no es «por supuesto, (…) un sustituto de un sistema de asilo funcional. Pero para las personas que huyen de las islas y la inestabilidad en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, ha sido de vital importancia».
Dylan Corbett, director ejecutivo fundador del Hope Border Institute en El Paso, dijo que aunque el programa de libertad condicional no es perfecto, un fallo en su contra podría aumentar la presión en la frontera entre Estados Unidos y México.
«(…) lo único que sucederá es que aumentarán las llegadas a la frontera para las personas que necesitan migrar. Ese será el efecto a largo plazo de una orden judicial contra estos programas», dijo sobre una eventual detención de la ejecución del programa.
Más de 181,000 migrantes cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses han ingresado al país bajo el programa hasta julio, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que tiene establecido que cada mes 30,000 migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela pueden ingresar a Estados Unidos y quedarse hasta dos años si tienen un patrocinador estadounidense.
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Si el juez Tipton paraliza la ejecución del llamado «Parole Humanitario» no todo está perdido. Todavía el Departamento de Justicia puede presentar el caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
No todo está decidido, incluso si se paraliza el Parole Humanitario por la corte de Texas
Rollcall cita un caso en el que Tipton se puso del lado de los estados de Texas y Luisiana, «contra» la administración, pero luego la Corte Suprema de los Estados Unidos falló casi de manera unánime, 8-1, para revertir su fallo, argumentando «que Texas y Luisiana no tenían el derecho legal de presentar la demanda, conocido como legitimación.»
La Corte Suprema encontró en junio que el litigio infringía las autoridades de discreción del poder ejecutivo en la persecución y que permitir la demanda de los estados provocaría futuros desafíos legales a la ejecución por parte del gobierno federal de otras leyes.
Y ahí pudiera estar la clave: ¿Puede un juez federal de un estado hacer abortar un programa que involucra a otros estados? Sí, puede hacerlo, pero es la Corte Suprema quien siempre tendrá la última palabra sobre estos temas, y pudiera enseñarle una vez más a Tipton – si es que aún no aprendió la lección que le dieron en junio – que un estado como Texas «no tiene legitimación para desafiar este tipo de programas», según las palabras de Lapointe.
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