Óscar Casanella teme ser deportado tras un nuevo giro en su caso de Asilo

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Casanella, exprofesor de la Universidad de La Habana y miembro del Movimiento San Isidro, huyó de la represión en Cuba en 2022. Sostiene que una deportación pondría en riesgo su libertad y su vida.

El activista y científico cubano Óscar Casanella alertó este domingo de que una nueva audiencia de inmigración apareció de forma inesperada en su expediente, lo que pone en riesgo un proceso de asilo político que él y su abogada consideraban prácticamente resuelto. «Después de más de un año esperando la decisión de mi juicio final de asilo político, hace pocos días apareció en el sistema de inmigración una nueva audiencia, una Master Hearing (audiencia preliminar), para el próximo 28 de agosto. Sinceramente, ni mi abogada ni yo esperábamos que ocurriera algo así», escribió en su perfil de Facebook. El opositor confesó que estaba convencido de que sus trámites ya estaban concluidos: «Yo pensaba que el proceso había terminado».

Casanella cruzó la frontera sur de Estados Unidos el 16 de enero de 2022 y recibió un documento I-220A, una orden de supervisión que no equivale a una admisión formal ni al parole, lo que lo dejó en un limbo migratorio sin acceso a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano. Su solicitud de asilo fue recibida en abril de ese año. La primera audiencia preliminar se celebró en mayo de 2025, y la audiencia final tuvo lugar el 24 de junio de 2025, tras más de seis horas de juicio en la Corte de Inmigración de Miami, que concluyó sin un veredicto y con el caso a la espera de la decisión de la jueza.

Un símbolo de la disidencia cubana

Casanella, exprofesor de la Universidad de La Habana e investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, del que fue expulsado por motivos políticos, se convirtió en uno de los rostros conocidos de la disidencia en la isla. Miembro del Movimiento San Isidro, permaneció buena parte de 2021 bajo vigilancia y arresto domiciliario, y ha denunciado haber sido objeto de acoso y agresiones por parte de la Seguridad del Estado antes de salir del país junto a su familia.

El activista ha manifestado en repetidas ocasiones que una deportación a Cuba tendría para él consecuencias graves. «Si somos deportados hacia Cuba, peligra nuestra libertad y nuestra vida, literalmente», declaró en su momento, en referencia al riesgo de represalias que, sostiene, enfrentaría por su historial de activismo. Su caso se ha seguido de cerca en la comunidad cubana del sur de Florida como ejemplo de las dificultades que atraviesan los solicitantes de asilo cubanos que ingresaron con un documento I-220A, una figura que los ha dejado en una situación de particular vulnerabilidad migratoria. La nueva audiencia, fijada para el 28 de agosto, reabre la incertidumbre sobre el desenlace de un proceso que se prolonga desde hace más de tres años.

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