Durante décadas, en Cuba circuló una frase que resumía mejor que cualquier estadística la jerarquía penal del sistema: matar una vaca podía salir más caro que matar a una persona. La afirmación era imprecisa en términos jurídicos, pero no nacía de la nada. El sacrificio ilegal de ganado mayor fue tratado como un ataque a un recurso económico estratégico, con penas de hasta diez años para quien sacrificara ganado ajeno y condenas efectivas que, según el propio Tribunal Supremo Popular, llegaron hasta los quince años en numerosos casos.
Ahora, en plena crisis energética, el aceite dieléctrico ocupa un lugar parecido en el imaginario oficial: ya no se presenta solo como un robo, sino como sabotaje contra el sistema eléctrico, una figura delictiva que puede arrastrar penas de siete a quince años y, con agravantes, de diez a treinta. El mensaje vuelve a ser el mismo: cuando el Estado pierde capacidad de garantizar un recurso básico, endurece el castigo contra quien toca ese recurso.
El paralelismo no es casual. En los años más duros de escasez alimentaria, la vaca fue convertida en símbolo de control: no se podía sacrificar sin autorización, no se podía vender libremente, no se podía consumir fuera del circuito estatal. Hoy, en medio de apagones prolongados y un sistema electroenergético al límite, el foco se ha desplazado hacia la infraestructura eléctrica. El transformador, el combustible, el aceite dieléctrico: todo lo que mantiene encendida una bombilla ha pasado a ser un activo estratégico. Y como antes con el ganado, la respuesta no ha sido resolver la escasez, sino blindar penalmente el recurso.
El Código Penal vigente refuerza esa lógica. Dañar o inutilizar instalaciones vinculadas a la energía ya no se trata como un simple hurto o vandalismo, sino como un ataque a la seguridad colectiva. De ahí que la figura de sabotaje entre en juego incluso en hechos que, en otro contexto, podrían calificarse como delitos económicos. La diferencia es el impacto: un transformador vacío no es solo un equipo dañado, es un barrio entero a oscuras, servicios paralizados y hospitales operando en condiciones precarias.
En ese contexto, el aceite dieléctrico ha dejado de ser un componente técnico para convertirse en mercancía de alto valor en el mercado informal. Se vende, se reutiliza, se improvisa como sustituto de otros combustibles. Y esa misma demanda, alimentada por la escasez, empuja a más personas a asumir riesgos que no solo son eléctricos, sino penales.
El patrón se repite en distintas provincias: robo nocturno, equipos vulnerables, comunidades enteras afectadas. Lo que antes era la vaca, hoy es el transformador. Y la lógica no cambia: cuando un recurso escasea y el Estado no logra garantizarlo, el castigo se convierte en la principal herramienta de control.
Prueba de ello es un texto publicado el pasado 25 de abril en el diario oficialista Granma en el que se recogía la intervención del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz ante el Grupo de Trabajo para la Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales. En esa reunión, celebrada por videoconferencia con los territorios, Marrero Cruz llamó a elevar las sanciones administrativas contra el robo de combustible y aceite dieléctrico. «Que se sepa que hay enfrentamiento, que se convierta en una batalla de todos los días», afirmó. Sobre el robo de aceite dieléctrico específicamente, lo calificó de delito de «alta sensibilidad» porque «están agrediendo a nuestro pueblo, están afectando a una comunidad entera.»
Que el aceite dieléctrico se robe a escala suficiente como para convertirse en tema de gabinete dice mucho sobre el nivel de descomposición institucional: no solo falta el recurso, sino que el propio sistema es incapaz de proteger lo poco que tiene. Marrero Cruz pidió también «mano dura con los irresponsables administrativos que no están cumpliendo su papel» — una frase que, en un régimen donde toda la cadena de mando responde al partido, equivale a pedirle al sistema que se castigue a sí mismo.
La contralora general de la República, Mirian Marbán González, admitió en la misma reunión que «pareciera que no hay total conciencia de lo que implica el desvío de combustible.» Una confesión involuntaria sobre el estado real de un aparato estatal que lleva décadas administrando la escasez y que ahora enfrenta el resultado lógico de ese modelo: cuando no hay nada, la gente roba lo que queda.
El caso reciente de Jagüey Grande ilustra con claridad esa nueva realidad. Un hombre fue detenido tras ingresar de madrugada a una subestación de 33 kilovoltios y extraer aceite dieléctrico de un transformador. El impacto fue inmediato: 4.429 viviendas quedaron sin electricidad, junto a un hospital, un policlínico y otras instalaciones esenciales. Para restablecer el servicio, técnicos tuvieron que redirigir la carga hacia otro circuito, una solución provisional que deja en evidencia la fragilidad del sistema.
La investigación condujo hasta José Antonio Dorticós Zamora, en cuya vivienda se encontraron botas y ropa impregnadas con el aceite sustraído. Según las fuentes, el propio implicado habría reconocido su participación. El expediente ya está en manos de los tribunales y se enmarca dentro del delito de sabotaje previsto en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta quince años de prisión, o más si se consideran agravantes.
