Un trabajador del Hospital Provincial Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, fue condenado a 12 años de prisión por robar 5.742 litros de diésel de los tanques destinados a los grupos electrógenos del centro y sustituirlo con agua. Cuando llegó el apagón, los generadores no arrancaron. Cinco pacientes que estaban conectados a ventiladores pulmonares mecánicos en la Unidad de Cuidados Intensivos vieron interrumpido su tratamiento. Los filtros y decantadores de los equipos se obstruyeron y se rompieron.
Así lo informó el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba en una nota reproducida por la emisora estatal CMKC Radio Revolución, sin revelar el nombre del acusado.
El hombre trabajaba como Especialista B en ahorro y uso racional de la energía. Era la única persona encargada de controlar el combustible diésel de los tanques de almacenamiento. Aprovechó esa circunstancia para extraer el diésel de forma gradual y venderlo en el mercado informal. Para que los inspectores no detectaran el faltante, reabastecía los grupos electrógenos con el combustible de reserva. Cuando esa reserva también se agotó, vertió agua en el tanque para disimular el nivel. El sistema funcionó hasta que dejó de funcionar, en el peor momento posible.
El tribunal lo condenó por apropiación indebida y sabotaje, conforme a los artículos 424 y 125 del Código Penal. La sentencia incluye prohibición de salida del país, privación de derechos públicos y pago de responsabilidad civil.
Al valorar la condena, los jueces subrayaron «la lesividad de los hechos, determinada por la trasgresión del encargo estatal que ostentaba el acusado y el impacto negativo que su actuar tuvo en la vida de los pacientes ingresados en el centro asistencial, algunos de ellos en estado crítico y requeridos de respiración mecánica, aconteciendo estos sucesos en un escenario energético de alta complejidad para el país.»
El caso del Saturnino Lora no es una anomalía. Es la expresión más extrema de un patrón que se repite en toda la isla: la escasez convierte cualquier recurso energético en mercancía, y la necesidad empuja a personas a asumir riesgos que no solo son eléctricos sino penales. El aceite dieléctrico de los transformadores, el diésel de los generadores, los tornillos de los parques fotovoltaicos e incluso las vigas y crucetas de las torres de electricidad: todo lo que mantiene encendida una bombilla se ha convertido en un activo del mercado negro.
Recientemente, en Jagüey Grande, Matanzas, un hombre ingresó de madrugada a una subestación de 33 kilovoltios, forzó un transformador y extrajo aceite dieléctrico. El resultado: dejó a 4.429 viviendas sin electricidad, más el hospital local, un policlínico y el centro de higiene del municipio. Los técnicos tuvieron que reconectar la zona a otro circuito para restablecer un servicio mínimo. El sospechoso, José Antonio Dorticós Zamora, fue detenido después de que en su vivienda se encontraran botas y ropa impregnadas con el aceite. El caso fue remitido a los tribunales bajo cargos de sabotaje, según reportó Cuballama el 26 de abril.
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En Songo La Maya, Santiago de Cuba, dos hermanos intentaron hacer lo mismo la noche del 10 de abril. Extrajeron aceite dieléctrico de un banco de transformadores que alimentaba el sistema de rebombeo de la comunidad.
Sin embargo, en el momento del robo hubo una explosión y uno de ellos murió en el acto. El otro sufrió quemaduras graves. La línea de 33 kilovoltios que alimenta los municipios Songo La Maya y Segundo Frente quedó fuera de servicio. Se recuperaron 70 litros del aceite a 100 metros del lugar. En las redes sociales de la Empresa Eléctrica de Santiago, varios usuarios advirtieron que ese mismo aceite dieléctrico está siendo mezclado con aceite vegetal y vendido como comestible.
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En Jatibonico, Sancti Spíritus, tres hombres de entre 35 y 45 años fueron detenidos el 2 de abril mientras extraían aceite dieléctrico de transformadores en la subestación del Complejo Agroindustrial Uruguay. Actualmente están siendo procesados por sabotaje y la fiscalía podría pedir hasta pena de muerte en aplicación del Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que desde mayo de 2025 ordena tratar estos hechos como delitos contra la seguridad del Estado y no como hurtos comunes, aunque hasta estos instantes no se ha dado un solo caso en el que hayan solicitado tan extrema medida.
Ese dictamen es la respuesta institucional al problema. El Tribunal Supremo informó que entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, el cien por ciento de las personas juzgadas por sabotaje al Sistema Electroenergético Nacional recibió condenas superiores a diez años. El primer ministro Manuel Marrero Cruz, en una reunión de gabinete recogida por Granma el 25 de abril, calificó el robo de aceite dieléctrico como delito de «alta sensibilidad» y pidió «mano dura.» La contralora general Mirian Marbán González admitió en la misma reunión que «pareciera que no hay total conciencia de lo que implica el desvío de combustible.»
La frase de la contralora dice más de lo que pretende. Que el aceite dieléctrico se robe a escala suficiente como para convertirse en tema de gabinete no habla de la maldad de los cubanos: habla del nivel de descomposición de un sistema que lleva décadas administrando la escasez y que ahora enfrenta el resultado lógico de ese modelo. Cuando no hay nada, la gente roba lo que queda. Y cuando el Estado no puede garantizar el recurso, endurece el castigo contra quien lo toca. Antes era la vaca. Ahora es el transformador. O un breaker. O un katao.
Fuentes: Diario de Cuba (13 de mayo de 2026), 14ymedio (12 de mayo de 2026), Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba / CMKC Radio Revolución, Cuballama (26 de abril de 2026; 11 de abril de 2026), Periódico Cubano (abril 2026), Granma (25 de abril de 2026), OnCuba News, Tribunal Supremo Popular de Cuba.
