La policía detuvo a nueve personas, incluido el dueño, en una casa de juegos prohibidos del barrio La Marina, en Matanzas, un operativo que generó críticas en redes sociales. En La Habana, la Empresa Eléctrica anunció la colocación de trampas químicas en subestaciones para identificar a los ladrones de aceite dieléctrico.
Yoelvys Álvarez Gavilán fue condenado a 12 años de prisión por robar tornillos del parque fotovoltaico La Barbarita, en Pinar del Río. En Artemisa, la Fiscalía acusa de sabotaje a dos personas por sustraer aceite dieléctrico de un transformador en Bauta. Son los casos más recientes de una ofensiva penal que ya suma más de 460 investigaciones.
Las autoridades cubanas detuvieron a un hombre en Unión de Reyes, Matanzas, por robar aceite dieléctrico de un transformador, recuperando 30 litros del fluido mientras otros 20 se derramaron durante la intervención. El caso se suma a una ofensiva legal más amplia: desde el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, este tipo de robos se juzga como sabotaje a infraestructura estratégica, con condenas de entre 7 y 30 años de prisión —y hasta cadena perpetua o pena de muerte en casos agravados—, en un contexto en que solo en Matanzas más de 90 transformadores han sido afectados y comunidades enteras han pasado hasta 105 días sin electricidad.
La provincia de Holguín acumula 28 robos de aceite de transformadores durante 2026. Moa y Mayarí son los municipios más afectados y uno de los incidentes dejó sin servicio a unas 2.000 personas.
El robo de aceite dieléctrico en Cuba pasa a tratarse como sabotaje en medio de la crisis energética. Las autoridades endurecen penas mientras aumentan los apagones y la vulnerabilidad del sistema eléctrico.
